Pese a que fue derogado luego de que la reforma laboral fuera aprobada por el Senado de la República, la alta corte señala que se debe revisar si mientras estuvo vigente este decreto fue en contra de la normatividad.
Redacción WEB
Aunque el controvertido “decretazo” mediante el cual el Gobierno Nacional pretendía convocar a una consulta popular sobre la reforma laboral fue derogado tras aprobarse la ley en el Congreso, el Consejo de Estado anunció que emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.
Así lo confirmó el magistrado y presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, quien explicó que la Sección Quinta, encargada del control de los actos de carácter electoral y consultivo, decidió por unanimidad que el país merece claridad sobre la validez del decreto mientras estuvo vigente.
“En la Sección Quinta se discutió el asunto y se llegó a la conclusión de que un decreto, aun cuando ha sido derogado, puede tener control de legalidad y puede tener una decisión”, explicó Álvarez. Según dijo, el objetivo es establecer si durante su vigencia el decreto respetó la Constitución y las leyes.
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El “decretazo”, como fue bautizado en medios y redes sociales, fue expedido por el Gobierno para someter a consulta popular la reforma laboral, alegando obstáculos en su trámite legislativo. Sin embargo, después de que el Congreso finalmente aprobara la reforma, el propio Ejecutivo decidió derogar el decreto.
Produjo efectos jurídicos
A pesar de ello, explicó Álvarez, el hecho de que haya estado vigente unos días implica que produjo efectos jurídicos y por eso debe ser revisado. “Obviamente el juez de la legalidad le corresponde hacer el pronunciamiento judicial. No se trata solo de que el decreto ya no exista, sino de verificar si durante su existencia violentó el ordenamiento jurídico superior, desconoció la Constitución o si se avino a esa preceptiva legal y constitucional”, detalló el presidente del Consejo.
El alto tribunal considera que este análisis no solo resuelve las demandas interpuestas. Sino que también despeja un interrogante jurídico para el futuro, sobre la posibilidad y los límites del uso de decretos para convocar consultas populares en materia legislativa.
“Creo que los demandantes y la sociedad colombiana deben saber si se violentó el ordenamiento jurídico superior”, concluyó Álvarez, al justificar la importancia de un fallo de fondo.
El Consejo de Estado aclaró que el análisis de legalidad es independiente del resultado político de la reforma laboral o de la derogatoria del decreto. Y tiene como propósito garantizar el respeto por las formas y procedimientos establecidos en la Constitución.
Con este pronunciamiento, el alto tribunal busca sentar jurisprudencia sobre la utilización de mecanismos de participación ciudadana en circunstancias similares, para evitar futuras controversias legales y políticas sobre la constitucionalidad de decisiones gubernamentales adoptadas por decreto.
