ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Difícil describir de otra manera lo que ocurre diariamente en nuestro hermoso país. Una sociedad indolente e indiferente frente al deterioro de las instituciones democráticas y en relación con los valores fundantes de nuestra nacionalidad. La cultura mafiosa heredada del narcotráfico ha penetrado en todos los segmentos sociales y escalado a los más altos niveles del Estado, hecho que explica la aberrante corrupción en la política y los altos índices de violencia en amplias zonas del territorio nacional.
Las entidades del Estado nacionales y territoriales no solucionan las necesidades sociales de la población las cuales se acumulan y generan paros, marchas callejeras, protestas sindicales, gremiales y de toda índole; cuyas consecuencias se evidencian en la economía nacional, donde a pesar de los descensos en los indicadores de inflación y desempleo; el emprendimiento, la industria, el comercio y la agricultura presentan cifras estancadas o decrecientes que revelan preocupantes síntomas hacia una eventual recesión.
Por otra parte los crecientes índices de la violencia criminal en muy amplias zonas del territorio urbano y rural, donde las fuerzas de seguridad del Estado no logran controlar el boleteo, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, las masacres y la violencia generalizada; el temor de la población desprotegida genera desconcierto e incertidumbre que las autoridades no logran disipar.
En este escenario nada halagüeño las consecuencias del crudo invierno que viene azotando buena parte del territorio nacional, causando estragos en carreteras, puentes y desplazamientos masivos de la población más vulnerable, constituye otro factor de crisis económica y social que agravará el estado crítico de las finanzas públicas las cuales presentan indicadores muy preocupantes.
Esta breve visión desalentadora se acrecienta aún más cuando se observa el transcurrir de la actividad política nacional. Un presidente pendenciero y confrontacional que no gobierna, si no que agita irresponsablemente una lucha de clases y pretende apabullar a una dirigencia política tradicional que si bien es cierto ha cometido innumerables errores, por lo menos ha sostenido la tradición democrática de nuestras instituciones republicanas.
No obstante, es también evidente que, en la disputa democrática hacia las elecciones del año 2026; los partidos de oposición no encuentran un norte claro que les permita transmitir a los ciudadanos una esperanza cierta de tranquilidad y paz. Siguen enredados en la estrategia del gobierno que los provoca para confundirlos; en su acostumbrada mezquindad y personalismo; jugando a la politiquería clientelista de siempre; en fin, cayendo en la trampa de que Petro quiere reelegirse cuando lo que éste busca es asegurar una nutrida representación en el próximo congreso y que su candidato presidencial logre pasar a la segunda vuelta o por lo menos inclinar la balanza de la elección, para derrotar de nuevo al quienes según él representan la extrema derecha.
La confusión y el caos también cobija a quienes están llamados a generar confianza y credibilidad institucional. No encuentran un candidato que por su trayectoria de honestidad, transparencia y ejecutorias, pueda construir un consenso a su favor que le permita enfrentar el desafío electoral con garantías de éxito. Allí radica también buena parte de la estrategia petrista. Los partidos de oposición carecen de figuras que siendo de derecha ideológica o de centro derecha, tengan la capacidad electoral de garantizar la derrota del petrismo o de su eventual coalición de centro izquierda.
La decisión judicial anunciada para el próximo 28 de julio en el juicio al expresidente Uribe, será sin duda alguna determinante para esclarecer o acabar de ensombrecer el panorama electoral. Ojalá cualquiera que se adopte por la justicia, contribuya eficazmente para que los colombianos superemos esta pesadilla de confusión y caos.
