Se conoció que la Superintendencia de Sociedades, entidad que lidera Billy Escobar, abrió un proceso administrativo para examinar el manejo de los recursos que recibe la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) por la gestión del Registro de Garantías Mobiliarias que involucra la solicitud y análisis de información financiera, contable, administrativa, económica y jurídica, pone bajo la lupa ingresos anuales cercanos a los $18.000 millones que recibe la organización por esta función.
La actuación de la Superintendencia de Sociedades no es un hecho aislado. El 25 de octubre de 2024, la Contraloría General de la República ordenó incluir a Confecámaras como sujeto de control fiscal, con el argumento de que los recursos derivados del Registro de Garantías Mobiliarias tienen naturaleza pública.
En palabras del organismo de control, “como quiera que los recursos que percibe Confecámaras, como responsable de llevar el Registro de Garantías Mobiliarias, son de naturaleza pública, es procedente el control fiscal de la Contraloría General de la República sobre dichos recursos”, según consta en la resolución oficial. La decisión refuerza la postura de que los fondos administrados por la confederación deben estar sujetos a vigilancia estatal, una interpretación que ha generado inquietud en el gremio y ha motivado la reacción de la entidad.
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El Registro de Garantías Mobiliarias fue asignado a Confecámaras por la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para micro y macro empresas en Colombia. La función, que implica la administración de información clave para el sector empresarial, representa una fuente importante de ingresos para la Confederación. La investigación sobre la gestión de estos recursos constituye el principal motivo de la intervención de los entes de control.
La más reciente solicitud de información de la Superintendencia de Sociedades se hizo en junio de 2025, por medio de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio. En el comunicado oficial, la entidad precisó que “solicitará, confirmará y analizará, en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiera sobre la situación contable, financiera, administrativa, económica y jurídica de esa Confederación». La actuación administrativa busca ejercer vigilancia sobre la gestión de los recursos y determinar si existen irregularidades en su administración.
La reacción de Confecámaras, gremio que lidera Julián Domínguez, fue contundente. En el documento enviado a la Superintendencia de Sociedades, esta cuestionó la legalidad de la actuación y sostuvo que “no hay ley que haya asignado funciones respecto de las federaciones o confederaciones de cámaras de comercio”.
Además, advirtió que “las funciones a cargo de la Superintendencia de Sociedades respecto de las federaciones o confederaciones de cámaras de comercio necesariamente deben ser las ‘asignadas por la ley’. Y se reitera, NO hay Ley que haya asignado funciones respecto de las federaciones o confederaciones”, enfatizó la organización.
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