El departamento del Huila se ubica entre los más golpeados por la violencia contra excombatientes de las FARC, según el más reciente informe de la ONU. La situación, que también afecta a líderes sociales y comunidades vulnerables, refleja la persistente inseguridad en regiones donde avanza con dificultad la implementación del Acuerdo de Paz.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Durante el segundo trimestre de 2025, el departamento del Huila se posicionó como uno de los focos más críticos de violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz, según lo reveló el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que será presentado este 18 de julio ante el Consejo de Seguridad en Nueva York. El documento indica que entre el 27 de marzo y el 26 de junio de este año se reportaron 29 asesinatos de excombatientes en el país, la mayoría concentrados en tres departamentos: Antioquia, Cauca y Huila.
Con estos nuevos casos, la cifra total de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde su firma en 2016 asciende a 470, lo que pone en evidencia la persistente inseguridad que enfrentan quienes dejaron las armas con la promesa de reincorporarse a la vida civil. En el caso del Huila, el panorama resulta especialmente preocupante, ya que algunas zonas rurales del departamento presentan una combinación de factores que elevan el riesgo de violencia: la presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas, y una limitada capacidad institucional para garantizar la protección efectiva de los excombatientes y líderes sociales.
El informe de la ONU no solo alerta sobre los homicidios de exguerrilleros, sino también sobre un contexto más amplio de vulneración a los derechos humanos en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó, en el mismo periodo, 34 asesinatos de defensores de derechos humanos y 13 masacres, reflejando un ambiente de creciente inseguridad en varias regiones, incluidas zonas del sur del Huila donde también se han registrado desplazamientos forzados.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado contundente a todos los grupos armados para que cesen los ataques contra la población civil y solicitó al Estado colombiano fortalecer su presencia institucional en los territorios, mejorar los esquemas de protección y avanzar con mayor decisión en la implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente en sus componentes estructurales como la reforma rural integral.
En lo relacionado con la reincorporación de los excombatientes, el informe señala un avance significativo: el 95% de los 11.166 excombatientes activos ha culminado sus planes individuales, y cerca del 30% de ellos incluyen procesos de formación política, lo que evidencia una clara intención de participar en la vida democrática del país. Además, se puso en marcha el Sistema Nacional de Reincorporación, un mecanismo interinstitucional que reúne a más de 30 entidades del Estado encargadas de articular los esfuerzos en esta materia.
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Sin embargo, los avances en reincorporación se ven constantemente amenazados por el deterioro de la seguridad. En departamentos como el Huila, donde persisten grupos armados y economías ilegales, los proyectos productivos, sociales y comunitarios de los excombatientes enfrentan riesgos constantes, afectando tanto su sostenibilidad como la confianza en el proceso de paz.
En cuanto a la reforma rural, uno de los pilares fundamentales del Acuerdo, el documento indica que entre abril y junio se adjudicaron 40.000 hectáreas de tierra, lo que representa solo el 7% del objetivo de tres millones de hectáreas pactado. Por otro lado, se formalizaron 86.000 hectáreas, lo que equivale al 47% de la meta de formalización. Aunque se reconoce el esfuerzo institucional, el informe advierte que los avances han sido lentos, en parte por restricciones presupuestales y por las condiciones de seguridad que enfrentan los funcionarios en campo.
El informe también destaca el incremento del desplazamiento forzado. Hasta el 19 de junio de 2025, se contabilizan 67.800 víctimas de desplazamientos masivos y 98.700 personas en situación de confinamiento, lo que implica un aumento del 107% y 5% respectivamente frente al mismo periodo de 2024. Estas cifras reflejan el deterioro de las condiciones humanitarias en varias regiones del país, con el Huila incluido entre los territorios afectados por los conflictos armados y la disputa por el control territorial.
En contraste con este panorama, el informe reconoce ciertos avances en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, la participación de comunidades indígenas en mecanismos de diálogo, y el funcionamiento de instancias de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). António Guterres resaltó la necesidad de que las sanciones propias de la JEP se conviertan en acciones restaurativas reales que contribuyan a la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional.
Finalmente, la ONU reafirmó su compromiso con el proceso de paz en Colombia y subrayó que el papel de la comunidad internacional, así como la presencia constante de la Misión de Verificación en los territorios, sigue siendo crucial para construir confianza, proteger la vida de quienes apostaron por la paz y garantizar que los compromisos firmados en La Habana se cumplan de manera efectiva.
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