Los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral colombiano han desatado preocupación entre expertos, exfuncionarios, organismos de control y observadores internacionales. El temor no solo radica en la deslegitimación institucional, sino en los verdaderos riesgos que amenazan las elecciones de 2026.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
La adjudicación del millonario contrato logístico para las elecciones de 2025 y 2026 a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026), liderada por Thomas Greg & Sons, reavivó una serie de ataques del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral colombiano. Sin pruebas claras, el mandatario volvió a señalar supuestas irregularidades, desatando un debate nacional que pone en juego la credibilidad institucional.
Thomas Greg & Sons es la misma firma que ha acompañado al país en más de 20 procesos electorales desde 2011, incluyendo los comicios en los que Petro fue elegido como alcalde de Bogotá y presidente de la República. A pesar de esto, el jefe de Estado insiste en vincularla con irregularidades en el escrutinio electoral, lo cual ha sido desmentido por las autoridades y documentos oficiales.
“El gobierno no está arrodillado a Thomas Greg”, trinó Petro, señalando a la firma de ser una burla a la democracia. En su discurso, aseguró que esta empresa “hace los cómputos”, cuando en realidad su responsabilidad es logística y de impresión, no de conteo o escrutinio. Tal afirmación, ampliamente refutada, ha generado una oleada de reacciones desde múltiples sectores.
El procurador Gregorio Eljach aseguró no haber hallado irregularidades en el contrato adjudicado por la Registraduría y defendió el proceso electoral como transparente y confiable. De igual forma, gremios como la ANDI y figuras como Bruce Mac Master respaldaron el rol de la Registraduría como garante de la democracia.
El exregistrador Alexander Vega, responsable de los comicios de 2022, señaló que atacar a un operador logístico sin fundamento es irresponsable. “Las elecciones no son una obra pública que se puede corregir después. Todo debe funcionar en un solo día, y para eso se requiere experiencia y rigor”, dijo. Juan Carlos Galindo, también exregistrador, recordó que Thomas Greg ha demostrado conocimiento técnico y operatividad en cada elección.
Más allá del cruce de señalamientos, lo cierto es que desde 2021 se han cumplido las recomendaciones del Consejo de Estado tras el fallo del caso Mira, en el que se detectaron irregularidades en las elecciones legislativas de 2014. Aunque Petro intenta usar este antecedente para cuestionar al operador logístico, el fallo no responsabiliza a Thomas Greg, sino al software suministrado por ASD, una empresa que hoy también tiene contratos vigentes con el Gobierno.
La Registraduría, por su parte, ha venido blindando el proceso electoral con medidas como auditorías externas, acceso de los partidos al código fuente del software de escrutinio, observación internacional, uso de biometría facial y publicación de todas las actas. Incluso, el software de escrutinio usado en las presidenciales de 2022 fue adquirido a la empresa española Indra, y su administración está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), garantizando trazabilidad y seguridad.
Pese a ello, las acusaciones del presidente generan un ambiente de desconfianza que puede tener efectos nocivos en las elecciones de 2026. Para muchos analistas, el mayor peligro no está en el sistema técnico, sino en factores externos como el crecimiento del poder armado en regiones clave y la posible participación indebida de funcionarios en campaña.
Además, persisten riesgos estructurales como la corrupción de las maquinarias electorales, la compra de votos, la transhumancia y el uso de recursos públicos. Estos factores, sumados a la desinformación y la deslegitimación institucional, configuran un escenario complejo para la democracia colombiana.
El registrador Hernán Penagos ha adelantado gestiones con la Fuerza Pública, la Fiscalía, la MOE, la Unión Europea y organismos de observación para fortalecer el proceso electoral. Ha instruido a su equipo para implementar herramientas tecnológicas que combatan la desinformación, y se prepara una campaña pedagógica para explicar los avances del sistema y la ejecución del contrato con Thomas Greg.
Sin embargo, sectores como la Misión de Observación Electoral advierten que los señalamientos sin pruebas del presidente Petro son peligrosos. “No es lo mismo una crítica técnica que una acusación pública desde la Presidencia sin fundamento. Eso mina la confianza ciudadana”, advirtió su vocera.
El analista Gabriel Cifuentes también fue enfático: “Al lanzar dudas sin sustento, el Presidente socava la legitimidad del sistema electoral y desinforma a la ciudadanía. La democracia necesita instituciones fuertes, no discursos incendiarios”.
En este contexto, las elecciones de 2026 se acercan en medio de un clima de tensión, donde el riesgo mayor no es técnico, sino político y territorial. La gran pregunta es si el país logrará blindar su democracia ante narrativas que siembran dudas, mientras los verdaderos desafíos siguen creciendo en las sombras.
