La Fiscalía General de la Nación imputó por maltrato animal a un médico veterinario que practicó una eutanasia sin sustento clínico a una perrita en estado de gestación. El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2024 y fue detectado por agentes de Policía cuando el profesional, identificado como Henry León Sánchez Sánchez, transportaba el cuerpo del animal dentro de una bolsa plástica, junto a sustancias químicas usadas comúnmente para procedimientos de eutanasia. La perrita, llamada Alma, estaba embarazada al momento de su muerte.
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La imputación estuvo a cargo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), que señaló que no existía justificación médica para la intervención. La Fiscalía sostuvo que el veterinario omitió evaluaciones clínicas previas y actuó sin protocolos veterinarios adecuados. Pese a que el imputado no aceptó los cargos durante la audiencia, el juez de control de garantías validó la legalidad del procedimiento de imputación. El caso ha generado rechazo ciudadano, con movilizaciones públicas y exigencias de cierre del establecimiento veterinario involucrado.
Este proceso judicial marca un precedente en la aplicación de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endurece las penas por maltrato animal en Colombia. Esta norma establece que causar la muerte a un animal mediante actos de crueldad puede acarrear sanciones de 32 a 56 meses de prisión, multas de hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer profesiones que impliquen el cuidado o manejo de animales. La normativa busca fortalecer la protección legal de los seres sintientes y tipificar con mayor severidad los casos más graves de violencia contra ellos.
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Con la implementación de esta ley, las autoridades judiciales cuentan con herramientas normativas más contundentes para sancionar la crueldad animal. Además, permite hacer efectiva la protección de los derechos de los animales en entornos institucionales y privados, reforzando el papel de la Fiscalía y de los cuerpos policiales especializados. Este caso se convierte así en un ejemplo emblemático de la forma en que la legislación colombiana empieza a responder con mayor rigor ante situaciones que anteriormente eran desestimadas o sancionadas con penas mínimas.
