La sorpresiva escala del presidente Gustavo Petro en Manta, Ecuador, sin registro oficial en su agenda, reavivó el debate sobre la falta de transparencia en sus desplazamientos internacionales. Las especulaciones sobre un posible encuentro con un jefe narco ecuatoriano y antecedentes similares en otros viajes siembran dudas sobre el manejo de la información pública en la Casa de Nariño.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
El presidente Gustavo Petro estuvo tres días en Ecuador, pero solo dos de ellos aparecieron en su agenda oficial. Fue su visita silenciosa a la ciudad portuaria de Manta, una de las más violentas del país vecino, la que disparó la controversia. Aunque desde el Gobierno se apresuraron a desmentir cualquier encuentro irregular —en especial con alias ‘Fito’, cabecilla del grupo narco-criminal ‘Los Choneros’—, el hecho de que el jefe de Estado haya hecho presencia en esa zona sin actividad pública ni explicaciones oficiales sigue generando interrogantes políticos, diplomáticos y de seguridad.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, fue quien encendió la mecha al confirmar que Petro viajó directamente desde Quito a Manta, donde permaneció dos días en una casa privada sin salir. “No tengo ni idea quién es el tal Fito”, respondió Petro, negando cualquier vínculo con el narcoecuatoriano. Pero el episodio reavivó un tema incómodo: la opacidad con la que se maneja la agenda presidencial.
Un patrón de omisiones
No es la primera vez que la Casa de Nariño deja vacíos informativos sobre los movimientos del presidente en el exterior. Ya ocurrió en junio de 2023, durante una visita oficial a Francia. El entonces embajador en París, Alfonso Prada, confirmó que una reunión programada con la empresa Dassault Aviation fue cancelada y que no hubo actividades oficiales durante la jornada adicional que Petro pasó en ese país.
En esa oportunidad, la falta de claridad fue opacada por la noticia. Pero meses después, el exministro Álvaro Leyva revivió el episodio con declaraciones aún más delicadas, al insinuar que el mandatario habría presentado señales de un problema personal. Aunque esa afirmación fue desmentida por la familia presidencial, puso nuevamente en el radar la necesidad de claridad sobre la agenda del jefe de Estado.
¿Privacidad o secreto de Estado?
Los defensores de Petro, incluida su hija Andrea, han argumentado que estos tiempos no oficiales corresponden a momentos de descanso o actividades privadas. Sin embargo, como advierte el analista político Carlos Arias, “las agendas presidenciales no son documentos privados. Los ciudadanos tienen derecho a conocer, en tiempo real y con claridad, qué hace su presidente, especialmente cuando los viajes son financiados con recursos públicos”.
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En el caso de Manta, la preocupación se multiplica. No solo se trata de una ciudad azotada por la violencia de bandas criminales, sino que su nombre quedó ligado a alias ‘Fito’, quien días después fue recapturado allí. Las conjeturas periodísticas sobre un supuesto intento de mediación con disidencias de las FARC —una teoría planteada por el columnista Mauricio Vargas— aumentaron la tensión.
A esto se suma una carta presuntamente enviada por el mismo ‘Fito’ a la embajada de Colombia en Quito, solicitando ser parte de un proceso negociado. La Cancillería colombiana confirmó la recepción del documento, pero negó rotundamente que tenga validez o que exista algún tipo de negociación.
¿Qué está en juego?
En un país donde el conflicto armado ha enseñado que el silencio institucional suele preceder decisiones trascendentales, la falta de claridad sobre el accionar presidencial genera desconfianza. Además, como recalca Arias, afecta directamente la gobernabilidad: “Los rumores y la incertidumbre solo minan la legitimidad del Gobierno. Si la gente cree que hay cosas que se ocultan, la credibilidad se erosiona”.
Por otro lado, no informar al Congreso sobre el paso por Manta, como se conoció esta semana, representa un incumplimiento en los deberes del Ejecutivo. Según la Constitución, todo desplazamiento internacional debe estar debidamente reportado y justificado ante el Legislativo.
Más allá de lo que haya ocurrido en Ecuador, el llamado generalizado desde sectores académicos, políticos y sociales es a la transparencia. Si bien los presidentes tienen derecho a momentos privados, su investidura exige que todo acto fuera del país —en especial en contextos tan delicados— esté informado y documentado con rigor institucional.
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