Una legislación con enfoque preventivo, educativo y comunitario que busca transformar la atención emocional en el país.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
Desde el 25 de junio de 2025, Colombia cuenta con una nueva Ley de Salud Mental que actualiza la normativa vigente en torno al bienestar emocional. Sancionada por el presidente Gustavo Petro tras ser aprobada por el Congreso, esta ley propone un enfoque integral, preventivo y territorial que transformará la atención de la salud mental en todos los ámbitos del país, desde los colegios hasta las zonas rurales.
Texto del artículo:
En una decisión sin precedentes, el gobierno colombiano oficializó la entrada en vigencia de la nueva Ley de Salud Mental, una iniciativa legislativa liderada por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez. Esta normativa, que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro el pasado 25 de junio, busca responder al creciente clamor ciudadano por una atención más efectiva, humana y accesible a los problemas de salud mental en el país.
La ley plantea una profunda transformación en el abordaje institucional de la salud mental. Entre sus pilares fundamentales están la prevención, la atención prioritaria, la educación emocional y la intervención comunitaria. Su aplicación será transversal, involucrando a hogares, centros educativos, lugares de trabajo, cárceles, hospitales y espacios públicos.
Uno de los elementos más innovadores de la ley es la creación de comités de salud mental en los colegios, que estarán encargados de detectar a tiempo los casos que requieran atención. Estos comités trabajarán articuladamente con EPS, IPS y entidades territoriales para aplicar tamizajes a estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. La meta es construir entornos escolares emocionalmente seguros y capaces de reaccionar a tiempo ante cualquier señal de alerta.
A nivel educativo, la ley prioriza la educación emocional con enfoque preventivo y diferencial, un componente que busca enseñar a niños, niñas y adolescentes a reconocer y expresar sus emociones, así como a pedir ayuda cuando lo necesiten. Esto implica aplicar pruebas de detección temprana en jardines, colegios y universidades, con intervenciones oportunas para evitar que los síntomas se agraven o pasen desapercibidos.
Además, se crearán espacios guiados para padres y cuidadores, quienes recibirán herramientas para interpretar el comportamiento de los menores y fomentar su bienestar desde el hogar. Esta medida reconoce el papel clave de la familia en la protección emocional de los más jóvenes.
En cuanto a la red de atención, la ley contempla la creación de un sistema mixto de salud mental, en el que clínicas privadas y hospitales públicos trabajarán de manera conjunta. Las zonas rurales, históricamente desatendidas, contarán con más profesionales, recursos y servicios especializados. De igual forma, los colombianos en el exterior tendrán acceso a una ruta de atención psicosocial para orientación y apoyo emocional.
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Uno de los ejes fuertes de la ley es la promoción de campañas educativas que se emitirán a través de televisión, radio, redes sociales y medios comunitarios. Estas campañas explicarán las rutas de atención, formas de pedir ayuda y acciones que tomar en caso de una crisis emocional. Además, se implementarán controles conjuntos en plataformas digitales para proteger a los menores de contenidos nocivos para su salud mental.
En el grupo etario más vulnerable —adolescentes y jóvenes— se priorizarán estrategias de prevención del suicidio, consumo de drogas y violencia autoinfligida. Para ello, se formarán agentes comunitarios de salud mental, entre ellos líderes, voluntarios y vecinos capacitados para ofrecer primeros auxilios psicológicos y conectar a las personas con los servicios adecuados.
También se plantea un modelo de práctica profesional que llevará a estudiantes de psicología, trabajo social, psiquiatría y carreras afines a desarrollar sus prácticas en zonas rurales, fortaleciendo el apoyo emocional en comunidades con alta vulnerabilidad psicosocial.
Para garantizar el control y efectividad de esta política, el Ministerio de Salud será la entidad encargada de coordinar su implementación y deberá presentar anualmente ante el Congreso los informes de inversión e impacto. La ley contempla la creación de un Observatorio Nacional de Salud Mental con enfoque territorial, que publicará reportes anuales sobre los indicadores más críticos, y un Sistema Nacional de Información sobre Salud Mental, operado por el DANE y el Ministerio de Ciencia, el cual recopilará y analizará datos relacionados con enfermedades, acceso a servicios, brechas y resultados.
Con este nuevo marco legal, Colombia se propone consolidar una política pública de salud mental más sólida, equitativa y centrada en la prevención, con especial atención a las necesidades de las poblaciones vulnerables, los jóvenes y quienes históricamente han estado excluidos del sistema de salud.
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