De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Colombia mantiene una posición alarmante en el Índice de Paz Global 2025 ubicándose en el puesto 140 entre 163 países analizados. Aunque esta clasificación representa una leve mejora en comparación con el año anterior al escalar un lugar en la lista el país sigue figurando como el menos pacífico de Sudamérica por quinto año consecutivo.
El informe, que mide la paz a través de tres dimensiones Conflicto en Curso, Seguridad y Protección, y Militarización, refleja un panorama complejo para el país. A pesar de algunos avances en los dominios de Seguridad y Protección y en el de Militarización, el deterioro en el área de Conflicto en Curso sigue siendo un obstáculo determinante.
Además, esta categoría incluye indicadores como la intensidad de los enfrentamientos armados, el número de víctimas y la actividad de grupos armados, lo cual permite entender por qué la violencia no cede terreno, pese a las reformas y políticas anunciadas.
En ese sentido, durante 2024, Colombia registró un incremento sustancial en las muertes vinculadas al conflicto interno: pasaron de 434 en 2023 a 933 en el último periodo evaluado. Esta cifra, considerada por el IEP como un reflejo de la “persistente violencia armada”, contradice la percepción de estabilidad política que se promueve desde el Gobierno nacional.
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De acuerdo con el estudio, Colombia tuvo en 2024 uno de los costos económicos de la violencia más altos del mundo, equivalente al 19,66% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto significa que casi una quinta parte de toda la actividad económica del país se ve afectada por el conflicto armado, la criminalidad y el gasto en seguridad.
Aunque está por debajo de países en guerra como Afganistán o Ucrania, el país que gobierna Gustavo Petro sigue entre las naciones donde la violencia representa una carga económica considerable y persistente.
A pesar de las narrativas oficiales que insisten en la búsqueda de la política ‘Paz Total’ de la administración de Gustavo Petro y el fortalecimiento del diálogo con diversos grupos armados, los resultados del GPI muestran que estas iniciativas aún no tienen un efecto contundente sobre el terreno.
Una parte del problema parece estar relacionada con la limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo en zonas periféricas, donde aún prevalecen estructuras armadas ilegales que compiten por el control territorial. En varias regiones, la presencia de grupos dedicados al narcotráfico, el cobro de extorsiones o el reclutamiento forzado continúa generando desplazamientos masivos y situaciones de inseguridad constante.
En ese sentido, el informe también señala que Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de personas desplazadas por la violencia interna, un fenómeno que afecta no solo la estabilidad de las comunidades, sino que además impone una carga humanitaria considerable sobre las instituciones locales y nacionales.
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