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Piden ‘desempantanar’ 38 proyectos viales en el Huila

Jun 20, 2025

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Son alrededor de 38 proyectos viales en estado crítico, ejecutados con recursos provenientes de regalías, los que se encuentran en un exhaustivo proceso de análisis jurídicos, administrativos y técnicos para poder ‘desempantanar’ las obras, muchas de ellas llevan años paralizadas.

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Francy Villarreal Ruiz

En el recinto Lara Bonilla de la Asamblea Departamental del Huila se cumplió un debate de control político a la Secretaría de Vías e Infraestructura, en cabeza de su titular Andrés Camilo Cabrera Leiva, con el fin de esclarecer el avance real de más de 175 proyectos viales que presentan retrasos críticos, pasando por los gobiernos de Carlos Mauricio Iriarte, Carlos Julio González Villa y Luis Enrique Dussán López.

Al debate fueron también citados Migdonia Patiño, directora técnica de Gestión; Gina Quintero, directora técnica de Infraestructura; y Luis Alfonso Sánchez, coordinador de Regalías en el departamento del Huila.

Una de las mayores preocupaciones en las que los diputados se enfocaron y advirtieron fue la posibilidad de sanciones por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ha identificado numerosos contratos en estado crítico.

Asimismo, la duma departamental envió un mensaje de urgencia para adoptar soluciones jurídicas, administrativas y técnicas que permitan destrabar los proyectos y evitar que se sigan perdiendo oportunidades de inversión.

Armando Acuña Molina diputado señaló que el panorama de proyectos afectados por la falta de planeación afectaría la asignación de recursos de regalías para el Huila.

“Vías con los contratos críticos”
De acuerdo con el diputado Armando Acuña Molina, citante al debate, el listado de proyectos se relaciona con diferentes dependencias; sin embargo, en su gran mayoría corresponden a la Secretaría de Vías, aunque también se incluyen de la Secretaría de Educación, Agricultura y Cultura. La Secretaría de Vías es la dependencia con el mayor número de contratos críticos.

“Hay unos proyectos supremamente graves, contratos sobre los que el gobierno departamental tiene que tomar decisiones, y hay que mirar cómo salvamos al departamento de una sanción, que el año pasado advertimos. Yo se lo advertí al secretario de Planeación, y él dijo ‘No, que estaban dentro de los rangos’, que no, que estaban bien. Sin embargo, las funcionarias hoy nos lo han dicho: sí, Planeación Nacional viene haciendo seguimiento para un proceso sancionatorio, porque hay unos contratos críticos, muy críticos, de vigencias anteriores que pareciera no tienen solución, y eso está dando mala calificación dentro de ese proceso”, expresó Acuña.

El asambleísta además cuestionó que se esté “robando la plata” y señaló la responsabilidad de funcionarios que reciben trabajos mal hechos en los estudios y diseños, y en los trabajos de consultoría que, según dijo, “se tienen que corregir”. “En la estructuración de los proyectos, el equipo se está equivocando”.

Fue enfático también en afirmar que los proyectos en la región se están estructurando de forma errada, motivo por el cual el contrato nace enfermo. Muchas obras, antes de empezar, ya están pidiendo adiciones porque se tuvo que cambiar el diseño, lo cual conlleva a pérdidas de recursos y tiempo.

¿Favorecimiento en las interventorías?
En el ambiente se expuso, de igual forma, que, sumado a las fallas en la estructuración de los proyectos, los gobiernos en la región también están fallando en el proceso de selección de las interventorías, que finalmente no cumplen con su función de enviar alertas ante anomalías en la ejecución de obras y recursos.

“Hay que analizar dónde está la falla, porque hay contratistas ‘marrulleros’ que buscan cualquier pretexto para suspender contratos, para pedir adiciones, o yo no sé si son acuerdos por debajo de la mesa. Y segundo, dentro de esos contratistas ‘marrulleros’, hay varios que entregan un contrato, y ahí es donde está fallando también. Entregan un contrato y dan un tiempo para sacar a licitación la interventoría de ese contrato”, indicó Acuña Molina.

Agregó el diputado que existen casos en la Secretaría de Vías del departamento donde a un funcionario se le asignan gran número de supervisiones de interventorías, frente a lo cual cuestionó si las pueden realizar.

“Pero lo que hemos encontrado también es mucho más grave: hay funcionarios que se amangualan con las interventorías, que tienen que hacerles supervisión y se amangualan. Hay funcionarios que les va muy bien, yo no sé por qué, pero se amangualan, y eso es supremamente grave, y eso es lo que ha dado al traste con muchas obras en el departamento del Huila”.

El diputado Wilfred Trujillo señaló que la principal falla que se establece ante el panorama cuantioso de obras afectadas, es que estas se han diseñado sin muestra de conocimiento académico.

Radiografía de los contratos
De otra parte, el también diputado citante del debate, Wilfred Trujillo Bien, resaltó que el espacio permitió mostrar una radiografía del contexto de las obras y proyectos que deben ser ‘desempantanados’ por parte del actual gobierno regional.

“Nos asalta una gran preocupación al conocer, a través de un Derecho de Petición que realicé al director Nacional de Planeación, la realidad de los proyectos que han sido ejecutados con recursos de regalías del departamento y, por supuesto, también con recursos propios, donde hoy hay un campanazo de alerta”.

La respuesta, según el diputado, es que existen 38 proyectos desde gobiernos anteriores donde se han invertido recursos superiores a los 300 mil millones de pesos, y que hoy lo que está diciendo la Dirección Nacional de Planeación es que no se pueden tocar ni mover dichos recursos hasta que no se resuelva jurídicamente la situación frente a dichos proyectos.

Errores en los diseños
Desde el punto de vista del asambleísta, que coincide con el diputado Armando Acuña Molina, la principal falla que se establece ante el panorama cuantioso de obras afectadas es que estos proyectos han sido diseñados sin el conocimiento académico adecuado, o también deja entrever que “pareciera que es una jugada para buscar cómo le adicionan los recursos, luego que la ley les permite a los contratistas hasta el 50% para que la obra se pueda ejecutar”, expuso Trujillo.

Trujillo también resaltó la creación de dos nuevas direcciones técnicas dentro de la Secretaría de Vías, aprobadas por la Asamblea para fortalecer su capacidad operativa. “Con el apoyo de profesionales como la arquitecta Migdonia Patiño y la ingeniera Gina Quintero, se espera que en máximo dos meses se tenga un diagnóstico completo para destrabar el rezago y evitar que los proyectos actuales corran la misma suerte que los anteriores”, agregó.

El secretario de vías del Huila destacó que ya se han logrado avances en más de 14 Planes de Acción Correctiva –PAC- de los 42 con medidas activas por parte del Departamento Nacional de Planeación.

Secretario defendió la labor desde su dependencia
El secretario Andrés Camilo Cabrera Leiva defendió el trabajo adelantado por la Secretaría en los últimos tres meses, destacando que ya se han logrado avances en más de 14 Planes de Acción Correctiva (PAC) de los 42 con medidas activas por parte del Departamento Nacional de Planeación. Aseguró que, contrario a lo que se ha señalado, la actual administración ha venido corrigiendo de manera articulada las deficiencias heredadas.

“Hemos engranado muy bien con Planeación Departamental, la Unidad de Regalías y el Departamento Jurídico. De los 42 PAC, 14 ya se levantaron, 15 están próximos a ser liberados y el resto se encuentra en proceso de trámite con el DNP. Este avance demuestra que el trabajo técnico empieza a dar frutos”, aseguró Cabrera Leiva.

También reveló que la Secretaría recibió más de 132 procesos contractuales activos de gobiernos anteriores, por un valor superior a 750 mil millones de pesos, muchos de ellos en condiciones de riesgo jurídico o financiero. La mayor parte proviene de programas como Huila Crece, El Camino de la Educación y Huila Competitivo, es decir, de los gobiernos de Carlos Mauricio Iriarte Barrios, Carlos Julio González Villa y Luis Enrique Dussán López, en su orden.

Cabrera destacó, además, el trabajo del nuevo equipo técnico de estructuración de proyectos dentro de la Secretaría. “Estamos apostándole a la formulación de proyectos desde la casa, con talento huilense altamente capacitado. Aunque aún recurrimos a consultorías por la alta demanda, ya se han mostrado resultados exitosos como el proyecto vial en Oporapa y la próxima entrega del tramo entre Íquira y Yaguará, cuya segunda fase ya está estructurada”, concluyó.

La construcción del puente vehicular colgante sobre el río Cabrera en límites entre los municipios de Alpujarra, Tolima y Baraya, eh por un valor de 4116 millones de pesos.

¿Sanciones del DNP?
Frente a la situación y al número de contratos referenciados por el Departamento de Planeación Nacional, y el porcentaje correspondiente a la utilización de recursos que pone en alerta al gobierno departamental ante una posible sanción, se refirió Luis Alfonso Sánchez, coordinador de Regalías en el departamento del Huila.

Sánchez se pronunció y dijo que “fue un debate para entregar un informe que se está haciendo del estado, sí, de las regalías del departamento. Si bien es cierto, la ejecución de las regalías del departamento se ha llevado con toda la rigurosidad. Hay procesos administrativos, que es lo que han estado preguntando los señores diputados, los Planes de Acción Correctiva (PAC); pero quiero informar que se ha venido dando respuesta”.

El coordinador refirió que las obras y proyectos enlistados dentro del informe, notoriamente en un importante porcentaje, vienen heredados. “La administración departamental actual ha sido responsable y está tratando de subsanar y solucionar todas estas situaciones que, de pronto, podrían calificar mal al departamento, pero que, con el proceso que estamos haciendo, se espera que el departamento no tenga esos inconvenientes frente a una sanción”, dijo a Diario del Huila.

Concluyó el vocero de regalías del Huila que es importante aclarar que actualmente no existe un riesgo puntual de sanción, acotando que los riesgos administrativos y financieros se presentan, pero que en la actualidad trabajan para subsanar estos asuntos, que hoy comprometen importantes recursos tanto de regalías como propios del gobierno departamental.

“Estamos en una calificación donde tenemos un margen, no muy alto, pero lo tenemos. Es ese trabajo articulado con todas las secretarías lo que venimos ejecutando de manera juiciosa. De pronto, en ese trabajo de tratar de subsanar, va a haber un momento donde baje un poco la puntuación del departamento, porque se van a tener que cerrar algunos proyectos que vienen de años y que no se tomaban decisiones”, concluyó Sánchez.

Síntesis del contexto contractual
El análisis entregado por la entidad gubernamental señala que son 175 contratos con desafíos significativos en cada una de sus categorías.

En ejecución, aunque activos, se revisa periódicamente el avance de obra y, en caso de presentar retraso, se generan alertas tempranas. “Nuestra labor se ha concentrado en una supervisión reforzada para anticipar y resolver problemas como calidad de obra, gestión de permisos, entre otros, evitando que se conviertan en futuras suspensiones”.

En el caso de los contratos suspendidos, se convierten en un foco de alta criticidad y son una de las máximas prioridades, ya que este grupo representa un riesgo significativo en la ejecución física para el departamento.

No son simplemente contratos en pausa: cada uno es un caso particular, por lo cual se priorizaron los de mayor complejidad o riesgo. Por ello, lo primero fue realizar una evaluación para clasificarlos y categorizar su atención, según criterios de antigüedad, revisión por parte de los entes de control y por parte del DNP, que son atendidos de manera inmediata.

Los contratos terminados o pendientes de liquidación presentan causas comunes, como documentación incompleta: falta de acta de recibo final, informe final de interventoría, planos de obra terminada, garantías postcontractuales, paz y salvos, certificados de pago parafiscales, reclamaciones técnicas o financieras.

En el caso de los contratos que presentan suspensión, PAC, PAS o inconvenientes en su liquidación, se adelantan mesas de trabajo especializadas donde se evalúa cada caso.

Finalmente, se lleva a cabo el seguimiento a cada plan de acción individualizado, asignando un responsable y fechas límite para cada tarea. El avance se revisa semanalmente para asegurar que los casos no se vuelvan a estancar.

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