Ante el enfrentamiento jurídico entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República por la convocatoria a una consulta popular para el próximo 7 de agosto, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que será la justicia constitucional la que deberá dirimir la controversia.
Según el funcionario, lo que está en juego no es solo la consulta, sino el equilibrio democrático y el respeto por el orden institucional del país.
“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, expresó Penagos en una intervención pública.
Frente a la situación, la Registraduría Nacional emprenderá varias acciones clave:
- Solicitará un concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
- Remitirá copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Enviará también copia a la Procuraduría General de la Nación.
- Pedirá a las altas cortes que se pronuncien con celeridad sobre las demandas existentes relacionadas con esta iniciativa.
Le puede interesar: De “máxima gravedad” califica la Fundación Santa Fe el estado de Miguel Uribe
Entidad autónoma y neutral
Durante su pronunciamiento, Penagos enfatizó que la Registraduría, como lo estipula el artículo 266 de la Constitución, es una entidad autónoma e independiente, sin superior jerárquico dentro del Estado. Esto implica que su función como garante de los procesos electorales y de participación ciudadana debe mantenerse alejada de cualquier presión política.
“La Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, subrayó, al recordar fallos anteriores de la Corte Constitucional que han reforzado esa autonomía.
Presupuesto y tiempos, obstáculos adicionales
El registrador también advirtió que materialmente no es viable organizar una consulta nacional en el plazo restante antes del 7 de agosto. Según explicó, se requerirían al menos tres meses para planear y ejecutar con rigor una jornada de esta magnitud.
“El presupuesto para una consulta de este tipo supera los 750.000 millones de pesos. Es una inversión muy alta que solo se puede comprometer si hay plena seguridad jurídica sobre la legalidad de la convocatoria”, puntualizó Penagos.
Puede leer: ONU reduce presupuesto, ¿afectará a Colombia?
