El abogado Abelardo De La Espriella pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno Nacional convoca a una consulta popular, argumentando que se trata de un acto abiertamente inconstitucional y que, además, la competencia para estudiarlo no le correspondería al alto tribunal, sino al Consejo de Estado.
De La Espriella cuestiona que el Ejecutivo haya expedido esta norma sin contar, según su interpretación, con el aval requerido por la Constitución, en particular el respaldo del Senado.
“No se cumplió con el requisito indispensable preceptuado por la Constitución Nacional para que el Presidente convoque a través de decreto una consulta popular”, advirtió el abogado en su intervención escrita.
La Corte no sería competente, según De La Espriella
En su exposición, De La Espriella sostuvo que ni la Constitución ni la ley le asignan a la Corte Constitucional el control previo sobre este tipo de actos administrativos, que —según explicó— no tienen fuerza ni rango de ley. Por el contrario, señala que la jurisprudencia establece que el control de constitucionalidad sobre consultas populares solo ocurre una vez se haya surtido el pronunciamiento ciudadano, y por vicios de procedimiento.
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Por ello, pidió en primera instancia que el decreto sea remitido a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que a su juicio es el órgano competente para estudiar este tipo de actos administrativos generales.
“El alcance que le ha dado la jurisprudencia constitucional al artículo 243 superior consiste en un control posterior al pronunciamiento popular, no antes de este”, aseguró.
Objeciones a la excepción de inconstitucionalidad y advertencia sobre el costo
El jurista también objetó la decisión del Gobierno de invocar la excepción de inconstitucionalidad para desconocer la votación del Congreso. De La Espriella argumenta que esta figura solo aplica a normas o leyes, no a conceptos políticos emitidos por el Congreso como el rechazo a la convocatoria de la consulta.
Finalmente, alertó sobre el alto costo fiscal que tendría llevar a cabo la consulta popular —una cifra que superaría los 700.000 millones de pesos, según estimaciones preliminares— y sostuvo que este gasto solo podría evitarse mediante la suspensión inmediata del decreto hasta que se resuelva su legalidad.
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