ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Cuando la política pretende desbordar al derecho se insinúa la crisis institucional, pues ambas ciencias humanas caminan como siameses para garantizar el sano ejercicio de la democracia.
El atroz atentado contra la vida e integridad del precandidato y senador Miguel Uribe ha permitido conocer el verdadero grado de la polarización a que hemos llegado. Para colmo de males ha coincidido con la máxima tensión de la batalla política y jurídica que libran el presidente y la oposición, en torno al trámite de la reforma laboral que adelanta el congreso y a la convocatoria de Consulta Popular del presidente.
Las bajas pasiones de quienes, en forma fanática e intolerante además de irresponsable, a través de las redes sociales han sugerido que se trata de un autoatentado para buscar réditos electorales o peor aún, que su origen criminal se debe a sacarlo del camino en la competencia con los demás precandidatos del uribismo, refleja con precisión el grado de degradación a que se ha llegado en la lucha democrática.
Y en este contexto la convocatoria a la Consulta popular propuesta por el presidente, constituye sin duda alguna, el clímax de dicha absurda polarización que divide a los colombianos y nos coloca frente a un escenario lleno de incertidumbre, confusión y temor. Sin embargo, es necesario aceptar que la polarización entendida como intensidad de la discusión democrática, la cual refleja las distintas y a veces antagónicas posiciones ideológicas, no es en sí misma el problema; si no el fanatismo con que los seguidores de una u otra opción política; azuzados por la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación y la inmediatez de las redes sociales, estimulan las pasiones que terminan siendo tan nocivas en una sociedad proclive a la violencia como por desgracia ha sido la nuestra.
El sistema judicial como tercera rama del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución esta llamada a dirimir esta batalla jurídica que, con altísimo contenido político, habrá de resolver si la Consulta es válida o legal o legítima para que el pueblo en su soberanía y en ejercicio de tal elemento de participación democrática, tendrá o no la capacidad de imponerle al congreso la implementación normativa de las 12 preguntas formuladas con el decreto de convocatoria, pues todo indica que no habrá consenso en torno a los artículos polémicos de la reforma que ya esta en su cuarto debate y que irá también a conciliación con el texto aprobado en la Cámara.
Al respecto también es conveniente recordar que el umbral electoral establecido para la aprobación de la consulta, cercano a los 13.6 millones de electores, es una cifra exigente porque es donde radica la legitimidad política de la decisión popular.
Pues bien. Conocido el texto del decreto es evidente que su parte motiva refleja la teoría alemana del derecho constitucional moderno, del cual su autor, el hoy ministro de Justicia y expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre Lynet ha sido ferviente seguidor; tiene su fundamentación fáctica en los presuntos vicios del trámite legislativo establecidos en la ley quinta que con carácter de ley orgánica regula tales procedimientos. La motivación fáctica precisa las presuntas normas infringidas, hecho que justificaría el aval de su revisión ya sea en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado.
La escalada verbal replicada por los medios y difundida a través de las redes sociales permite concluir que son responsables de ella, tanto el presidente Petro como algunos dirigentes de la oposición, en la medida en que utilizan expresiones altisonantes como “ enemigos del pueblo” o “ dictador”, cuando en aras de la razonable objetividad ninguna se corresponde con la realidad; pues ni el presidente es dictador por recurrir a un mecanismo constitucional con fundamento en presuntos vicios legales y apelando a la soberanía popular; ni los opositores son enemigos del pueblo.
Lo real y cierto es que nuestra frágil democracia como la institucionalidad vigente están en peligro, pero por los excesos de tirios y troyanos. Las diferencias ideológicas y políticas tienen canales institucionales y legales para tramitar tan agudas controversias. Responsabilidad y sensatez son las conductas razonables para ejercer los liderazgos cuando estos se desarrollan en el claro propósito de afianzar la sana convivencia que nos conduzca a una paz estable y duradera. Y no olvidemos que esa paz solo se anida y reposa en cada corazón humano.
Por tanto, es la hora de la sensatez como clara expresión de la voluntad de los actores y del consenso como única fórmula del diálogo democrático.
