El Consejo Gremial Nacional (CGN) manifestó su rechazo al decreto 639 de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro convoca a una consulta popular nacional, pese a que esta iniciativa fue negada previamente por el Senado de la República.
En un comunicado público, el CGN aseguró que la decisión presidencial vulnera el principio de separación de poderes (artículo 113 de la Constitución Política) y advirtió que ninguna rama del poder público puede desconocer ni suplantar las decisiones adoptadas por otra, pues esto pone en riesgo la estabilidad institucional y debilita el sistema de frenos y contrapesos.
“Actuar en contravía de este principio impone un precedente peligroso en la concentración indebida del poder y es abiertamente inconstitucional”, indicó el organismo.
Contexto político y llamado a la institucionalidad
El Consejo Gremial consideró que, en medio de un clima de alta polarización política y social, esta decisión del Ejecutivo es inconveniente y profundiza la confrontación. “El país clama por unidad, serenidad y responsabilidad institucional”, subrayó la comunicación.
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Además, señaló que la convocatoria presidencial ocurre mientras el Congreso de la República aún tramita la reforma laboral, la cual aborda varios de los temas incluidos en las preguntas propuestas para la consulta. Esto, según el CGN, hace aún más injustificada la expedición del decreto.
Preocupación por la estabilidad institucional
El gremio también advirtió que la decisión del Gobierno Nacional se produce en simultáneo con otras dos situaciones que, a su juicio, agravan la tensión institucional:
- Las discusiones sobre la posible suspensión de la regla fiscal, sin claridad sobre su impacto en el presupuesto del Estado.
- El deterioro de la seguridad en distintas regiones del país, con especial énfasis en Bogotá, Cauca, Valle del Cauca y los Santanderes.
Llamado al orden constitucional
El Consejo Gremial hizo un llamado a las autoridades judiciales competentes para que evalúen la validez y constitucionalidad de los actos unilaterales adoptados por el Gobierno. Asimismo, reiteró su respaldo a la democracia y al uso de los mecanismos legales como fundamento del Estado Social de Derecho.
“Colombia necesita instituciones fuertes, decisiones responsables y un liderazgo que privilegie el respeto por la Ley y por la vida y honra de las personas que piensan distinto”, concluyó el comunicado.
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