El órgano de control disciplinario acusa a las autoridades municipales de haber vulnerado la Constitución al otorgar facultades ilegales al alcalde para modificar el presupuesto de Campoalegre durante la vigencia 2024, una competencia exclusiva del Concejo.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos disciplinarios contra el alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y siete concejales del actual periodo 2024–2027, por presunta extralimitación de funciones al haber autorizado al mandatario local a realizar modificaciones al presupuesto municipal, acción que vulnera el ordenamiento jurídico colombiano.
Según informó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, los funcionarios públicos firmaron el Acuerdo 001 del 31 de enero de 2024, mediante el cual se le concedieron al alcalde facultades para efectuar traslados, adiciones y modificaciones presupuestales sin ningún tipo de limitación en cuanto a objeto, cuantía o partidas, lo que en opinión del ente de control constituye una violación directa a las competencias exclusivas del Concejo Municipal.
Los concejales involucrados en la investigación son: Ronal Eugenio Ferreira, José Santos Gracia Gutiérrez, Arizmendi Sánchez Marín, Elkin Mauricio Claros Méndez, Hernando Rodríguez Polanía, Omaira Polanía Navarro y Kevin Javier Torrejano Moreno, quienes asumieron su cargo en el actual periodo de gobierno.
Para la Procuraduría, esta actuación representa una entrega indebida de funciones por parte del Concejo, ya que no es legalmente posible delegar a otra autoridad una potestad que la Constitución reserva de manera expresa y exclusiva al cabildo municipal.
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“La autorización concedida al alcalde en el Acuerdo 001 del 31 de enero de 2024 fue ilegal, aunada a que fue concedida sin limitación alguna en el objeto, cuantía y partidas presupuestales, permitiendo de este modo que los traslados o adiciones se hicieran sin impedimento y a voluntad del mandatario local”, señaló el órgano de control en el auto de cargos.
Además, el Ministerio Público consideró que los concejales investigados estaban en capacidad de interpretar de forma adecuada y responsable la normatividad vigente, y por tanto debían tener pleno conocimiento de que esa delegación resultaba contraria a la Constitución.
“El Concejo se desprendió de una competencia que le es propia por mandato constitucional”, subrayó el auto de la Procuraduría, indicando que no podían delegar dicha responsabilidad sin incurrir en una falta disciplinaria.
En el caso del alcalde Víctor Ramón Vargas Salazar, el ente de control sostuvo que no era jurídicamente viable que solicitara al Concejo Municipal ser investido de facultades transitorias para ejecutar modificaciones presupuestales, pues dicha atribución no le corresponde legalmente al Ejecutivo local.
“La potestad de realizar modificaciones al presupuesto radica exclusivamente en cabeza de la corporación de elección popular. La solicitud misma de dichas facultades por parte del alcalde ya implica un desconocimiento del marco legal”, enfatizó la Procuraduría.
Por estos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de los investigados como una falta disciplinaria grave, cometida con culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas, en caso de comprobarse su responsabilidad.
Este proceso disciplinario abre un nuevo capítulo de vigilancia al manejo del presupuesto público y el cumplimiento de los deberes legales por parte de las autoridades locales en el Huila. La Procuraduría señaló que continuará con las etapas procesales correspondientes, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los funcionarios señalados.
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