El decreto presidencial que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto desató una oleada de reacciones judiciales y políticas.
Desde el Congreso, sectores de oposición han calificado la medida como inconstitucional y anunciaron una avalancha de demandas para frenar el proceso, mientras el Gobierno respondió que responderá ante las Cortes y se mantendrá dentro del marco del Estado Social de Derecho.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue uno de los primeros en rechazar públicamente la decisión del Ejecutivo, calificando el decreto como un “golpe a la democracia” y una violación directa a la separación de poderes.
“Se ha perdido el respeto a la Constitución, a las leyes de Colombia y a la división de poderes. Acudiremos ante las Cortes para demandar semejante atropello”, señaló Cepeda, quien insistió en que el decreto no cumple los requisitos legales porque no fue aprobado por el Senado como lo exige la Ley 1757.
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Cepeda también instó a la Registraduría Nacional a abstenerse de convocar la votación popular, advirtiendo que hacerlo sin el cumplimiento de los trámites legislativos sería ilegal.
“Estoy seguro de que las Cortes van a tumbar ese decretazo. No tiene sustento legal”, afirmó el congresista conservador.
Denuncias penales contra ministros
La senadora Paloma Valencia fue más allá al anunciar no solo una demanda ante la justicia constitucional, sino también una denuncia penal contra los ministros que firmaron el decreto. A su juicio, estos habrían incurrido en prevaricato, al suscribir una medida que —según argumenta— “viola flagrantemente la Constitución”.
“Vamos a radicar demanda contra del Decreto 639 de 2025 a través del cual el Presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones.”, dijo Valencia.
Gobierno: “No tenemos problema en dar la cara”
Desde el Ejecutivo, la respuesta no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno está dispuesto a enfrentar los procesos judiciales y reiteró su compromiso con el respeto institucional.
“Somos respetuosos del Estado Social de Derecho. Estamos dispuestos a responder y poner la cara ante las Cortes”, declaró Benedetti, quien aseguró que no ve inconveniente en que los ciudadanos interpongan acciones legales si consideran que sus derechos han sido vulnerados.
“Toda mi vida he puesto la cara, desde que soy congresista, y no hay ningún problema en hacerlo ahora”, concluyó.
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