El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a los señalamientos sobre una posible ilegalidad en la convocatoria a la consulta popular relacionada con la reforma laboral, aclarando que la ley lo faculta para expedir el decreto correspondiente y responsabilizando al Senado por dilatar el trámite legislativo.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado aseguró que había decidido congelar la convocatoria a la consulta, siempre y cuando el Senado aprobara la reforma laboral bajo los criterios previamente concertados, incluso con los gremios empresariales, durante su paso por la Cámara de Representantes. Sin embargo, según Petro, “el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la ley 1757”.
En un tono crítico, Petro afirmó que el Gobierno tenía disposición para el diálogo legislativo, pero que “usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral», en alusión al ataque ocurrido recientemente contra el congresista del Centro Democrático.
El mandatario defendió la legalidad del decreto de convocatoria a consulta, basándose en el artículo 33 literal c de la Ley 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana. Esta norma, explicó, permite al presidente emitir el decreto si el Senado no emite un concepto previo —sea favorable o desfavorable— sobre la propuesta.
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“El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato. En ambas opciones, el decreto es presidencial”, escribió Petro, refiriéndose al escenario en el que el Congreso no se pronuncie dentro del plazo previsto.
También se refirió al reciente fallo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, que ordenó considerar la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro, lo cual, según el presidente, demuestra que no se concluyó legalmente la votación del concepto previo en el Senado. “No se perfeccionó la votación”, puntualizó.
En ese sentido, Petro señaló que ya ha pasado el mes legal desde la radicación de la iniciativa, y que, al no haber pronunciamiento del Senado, se activa la potestad presidencial para fijar la fecha de la consulta popular, con el objetivo —dijo— de “resarcir los derechos de las y los trabajadores colombianos”.
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