Alfredo Vargas Ortiz
Abogado y docente – Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho – Universidad Nacional de Colombia
Los medios de comunicación y los sectores extremos, tanto de derecha como de izquierda, parecen complacerse con la crítica situación del país. Ambos se arrogan la representación del pueblo, pero, paradójicamente, actúan en su contra. Gobiernan en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Es evidente el plan urdido por los partidos tradicionales para sabotear cualquier intento de transformación en favor de la ciudadanía. Se han convertido, literalmente, en un obstáculo —como una vaca muerta atravesada en la carretera— para impedir el avance de reformas como la de la salud y la laboral.
Los escándalos como el de la UNGR muestran con crudeza la degradación institucional: se habla de cifras escandalosas, como tres mil millones de pesos para el presidente del Senado y mil millones para el de la Cámara, como condición para aprobar proyectos. Estos actores no buscan reformas en beneficio del pueblo, sino adaptadas a sus propios intereses, a los de sus financiadores y aliados. Se niegan a reconocer que han construido su riqueza a costa del Estado, saqueando recursos públicos, endeudando al país y sumiéndolo en la violencia y el abandono, a pesar de ser un territorio lleno de riquezas.
¿Desde cuándo puede considerarse que Colombia es una democracia verdadera? Una democracia exige un orden justo, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, el derecho a vivir sin hambre, con un techo digno, y con libertad real para participar en política. ¿Qué clase de democracia permite que alguien sea asesinado o amenazado por querer ser candidato? Se olvida con facilidad que más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por su filiación política. O los magnicidios de Gaitán, Galán, Lara Bonilla, Jaramillo, Pizarro… La lista es larga, a la que se suma ahora el atentado contra el Senador Miguel Uribe con el que nos solidarizamos y pedimos al todo poderoso su pronta recuperación. El peor momento de nuestra historia no ha pasado: seguimos siendo un país en crisis, que se desangra día a día por obra de los mismos que hoy dicen querer salvarnos de su propio legado.
Se exige moderación en el discurso, pero da la impresión de que la crítica se ha agudizado únicamente hacia el presidente Gustavo Petro. Nada más alejado de la verdad. La guerrilla, el narcotráfico, las bandas criminales, la corrupción y otras formas de violencia no nacieron con este gobierno; son consecuencias acumuladas de décadas de mala administración, de decisiones irresponsables por parte de expresidentes como Turbay, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, y figuras como Vargas Lleras y Gómez. Todos ellos contribuyeron a que Colombia lidere lamentables indicadores de desplazamiento, homicidios y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Es cierto que el gobierno del presidente Petro ha sido asediado desde múltiples frentes, tanto discursivos como violentos. No obstante, también es cierto que su gestión ha sido, en muchos aspectos, deficiente. Su equipo de gobierno ha sido criticado por la falta de idoneidad y trayectoria de varios de sus miembros, y eso se refleja en una ejecución ineficaz de sus propuestas. Urge, por tanto, que se concentren en desarrollar políticas que trasciendan este mandato. Esa sería la mejor campaña, si aspiran a una eventual reelección.
Cualquier intento de consulta popular por decreto será sin duda declarado inconstitucional. Insistir en ese camino solo alimenta a los críticos. La tarea es gobernar con hechos, con resultados, respetando la diferencia y convocando a la unidad. Solo así podremos enfrentar los verdaderos problemas del país: el hambre, la pobreza, la corrupción, y las injusticias sociales. Es hora de que, sin distinción de raza, sexo, ideología política o creencia religiosa, nos unamos por un país a la altura de nuestros sueños. Solo dejando atrás la polarización podremos construir, juntos, un camino de diálogo y esperanza.
