Mientras el país intenta avanzar en procesos de paz y reformas estructurales, una nueva oleada de violencia golpea a regiones enteras. Gobernadores de todo el país exigen acciones urgentes para frenar el deterioro de la seguridad.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La violencia armada volvió a instalarse con fuerza en múltiples regiones del país durante junio, en una peligrosa espiral que recuerda los años más duros del conflicto interno. En lo que va del mes, se han reportado más de 30 alteraciones del orden público, incluyendo ataques explosivos, secuestros, asesinatos y enfrentamientos entre grupos armados. Ante este panorama, los gobernadores de Colombia, reunidos en la Federación Nacional de Departamentos (FND), hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que refuerce la respuesta del Estado en los territorios más afectados.
La declaración de los mandatarios regionales fue dada a conocer el martes 10 de junio a través de un comunicado en el que advierten sobre una “amenaza híbrida”, compuesta por insurgencia, crimen organizado y acciones terroristas, que está poniendo en jaque la estabilidad institucional de varios departamentos.
Zonas en crisis: del Pacífico a la frontera con Venezuela
El documento destaca como focos críticos los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, donde los incidentes violentos se han multiplicado. Las cifras revelan una peligrosa escalada en la que no solo están involucrados grupos insurgentes como el ELN y las disidencias de las Farc, sino también organizaciones del crimen organizado como el Clan del Golfo, que mantienen en vilo a comunidades rurales y urbanas.
Uno de los episodios más alarmantes se vivió en Bolívar, donde enfrentamientos entre grupos armados en el municipio de Santa Rosa del Sur confinaron a la población civil durante tres días. En Antioquia, 50 personas quedaron atrapadas en la vereda Los Toros, mientras que, en Chocó, un soldado murió en combate con el frente “Cacique Calarcá” del ELN.
Violencia sistemática y sin tregua
El recrudecimiento de los ataques ha sido continuo. El 3 de junio, en Ricaurte (Nariño), fue asesinado un líder indígena del pueblo Awá junto con sus dos escoltas. El mismo día, otro militar murió en Tadó (Chocó) durante una operación contra el ELN. El 4 de junio, un campo minado en Antioquia dejó cinco soldados heridos y causó la muerte de un perro antiexplosivos.
A estos hechos se suma el secuestro de dos jóvenes en Morales (Bolívar) y de un exintegrante de la Defensa Civil en Sucre (Cauca), ambos presuntamente por parte del ELN. El 5 de junio, en Villa del Rosario (Norte de Santander), un francotirador asesinó a un soldado cerca de la frontera con Venezuela.
El 6 de junio, la situación se agudizó en Guaviare, donde estructuras al mando de alias Iván Mordisco y Calarcá Córdoba decretaron un toque de queda ilegal que confinó a cerca de 10.000 personas. Ese mismo día, en Magüí Payán (Chocó), hombres armados asesinaron a cuatro campesinos y dejaron una bandera del ELN antes de huir.
Ataques en Cauca y Valle: violencia en expansión
El 10 de junio, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca vivieron una serie de ataques simultáneos. En Corinto, un carro bomba explotó en pleno parque principal. En El Bordo, una explosión afectó la sede de la Alcaldía Municipal. En Timbiquí, se lanzaron cilindros bomba contra una base de la Armada Nacional.
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Las acciones violentas también se extendieron a Buenos Aires, Caloto y Toribío, donde estaciones de Policía fueron atacadas, dejando varios uniformados muertos y heridos. En el Valle del Cauca, municipios como Buenaventura y Jamundí fueron blanco de explosivos, mientras que en Cali se desactivaron artefactos y se reportaron ataques armados contra la fuerza pública.
La voz de los gobernadores
El presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, fue enfático: “Colombia no puede volver a los años oscuros donde la violencia silenciaba la democracia. No podemos permitir que los grupos armados impongan su ley y destruyan nuestras instituciones”. Su llamado también hizo eco de la preocupación por el atentado reciente contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido durante un acto público en Bogotá.
Los mandatarios regionales pidieron de manera urgente el fortalecimiento de las capacidades operativas y logísticas de la fuerza pública, así como la coordinación efectiva entre el Gobierno central, los gobernadores y los alcaldes para prevenir nuevos ataques.
Democracia y seguridad en riesgo
La Federación advirtió que no se trata solo de un problema de seguridad: los hechos violentos también constituyen una amenaza directa contra la democracia, la gobernabilidad y los derechos fundamentales de millones de colombianos. La normalización de la violencia, afirmaron, no puede ser una opción.
A su vez, solicitaron al Ejecutivo que refuerce la presencia estatal integral en los territorios, garantizando no solo seguridad, sino también inversión social, desarrollo económico y justicia.
La radiografía de la violencia en Colombia durante junio de 2025 revela un panorama alarmante. Los más de 30 incidentes armados reportados en tan solo diez días dejan en evidencia una amenaza estructural que rebasa la capacidad de respuesta localizada y exige una estrategia nacional articulada y urgente.
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