El partido Centro Democrático denunció desde Neiva una serie de amenazas, persecuciones e intimidaciones que estarían enfrentando sus líderes y candidatos en el sur del país, especialmente en departamentos como Huila, Caquetá y Putumayo. Señalan al Gobierno Petro por no brindar garantías políticas ni de seguridad para ejercer la oposición en territorios donde avanzan las disidencias armadas y se debilita la institucionalidad.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
En medio de un panorama político cada vez más polarizado, el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha denunciado lo que considera una sistemática persecución a sus militantes y una creciente inseguridad que pone en riesgo la participación de sus candidatos en varios municipios del sur del país. Según voceros de la colectividad, el Gobierno Nacional no está garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos de quienes representan su ideología, especialmente en territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales.
Durante una reciente rueda de prensa realizada en Neiva, capital del departamento del Huila, congresistas y dirigentes del Centro Democrático lanzaron fuertes acusaciones contra el Ejecutivo. “Este gobierno está llevando al país por el camino del autoritarismo, y lo hace con una estrategia que combina el debilitamiento institucional con el silenciamiento de las voces críticas. Hoy venimos a denunciar que ser de oposición, en algunas regiones, se ha convertido en una amenaza para la vida”, afirmó la representante a la Cámara por el Huila, Ciro Ramírez.
La colectividad, que históricamente ha tenido una presencia significativa en el sur del país, asegura que en los últimos meses ha registrado un incremento preocupante de amenazas, presiones y hechos de violencia en contra de sus líderes locales. En particular, alertan sobre lo que consideran un vacío institucional por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar condiciones mínimas de seguridad, transparencia y equidad electoral en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Alarma por situación en el sur
El epicentro de las denuncias del Centro Democrático se ubica en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo, donde aseguran que las disidencias de las FARC y otros actores armados han intensificado sus actividades, reconfigurando el control territorial en zonas rurales y ejerciendo presión sobre líderes comunitarios, candidatos y electores.
“Estamos viendo cómo las llamadas disidencias, como la estructura Carolina Ramírez o el Estado Mayor Central, están copando nuevamente regiones donde antes se había logrado un cierto nivel de institucionalidad. Estas estructuras están imponiendo reglas, afectando el proceso electoral y amenazando a quienes no se alinean con sus intereses”, advirtió el senador Carlos Felipe Mejía, quien acompañó la rueda de prensa desde Neiva.
Además, indicaron que sus candidatos en varios municipios han recibido amenazas directas para que no participen en contiendas locales o desistan de sus aspiraciones. “En municipios como Algeciras, San Vicente del Caguán, La Montañita y Puerto Guzmán, nos han reportado intimidaciones constantes, panfletos amenazantes, seguimientos y presiones a líderes comunales que nos apoyan”, señaló la exsenadora Paloma Valencia, quien también hizo parte del encuentro con medios.
Garantías electorales en entredicho
El Centro Democrático ha reiterado que estas situaciones ponen en grave riesgo la legitimidad del sistema democrático colombiano, al obstaculizar la libre participación política en regiones donde históricamente se han librado disputas por el control del poder local. “No es posible hablar de una democracia plena cuando los candidatos no pueden hacer campaña, cuando los ciudadanos no pueden elegir libremente por miedo o cuando la oposición es estigmatizada por parte del Gobierno”, dijo Ramírez.
De acuerdo con los dirigentes, la falta de garantías no solo se traduce en amenazas físicas, sino también en una narrativa estigmatizante impulsada desde algunos sectores del Ejecutivo. “El discurso del odio contra la oposición ha calado en muchos espacios institucionales. Cuando desde el Gobierno se tilda a los contradictores de enemigos de la paz o se les asocia con sectores ilegales sin pruebas, se genera un ambiente que justifica la persecución”, afirmó la senadora María Fernanda Cabal, quien ha sido una de las principales voces críticas del actual gobierno.
Los voceros del partido aseguran que han elevado múltiples solicitudes a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional y al Ministerio del Interior para que se activen mecanismos de protección, se refuercen esquemas de seguridad y se implementen planes de garantía electoral en zonas de alto riesgo. Sin embargo, denuncian que las respuestas han sido lentas e insuficientes.
Reacciones institucionales
Ante las declaraciones del Centro Democrático, desde el Ministerio del Interior se aseguró que el Gobierno viene trabajando con un enfoque diferencial para garantizar condiciones de seguridad en todos los territorios, especialmente aquellos donde existen alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo o informes de riesgo de la Misión de Observación Electoral (MOE).
“Desde el Gobierno Nacional hemos desplegado una estrategia interinstitucional para proteger a candidatos y liderazgos sociales. Estamos actuando de manera oportuna frente a cada denuncia que llega y mantenemos una mesa permanente de seguimiento con las autoridades electorales y de seguridad”, aseguró una fuente de esa cartera.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que ha recibido algunas denuncias relacionadas con amenazas a candidatos del Centro Democrático y que estas están siendo investigadas. “No se puede permitir que ningún grupo armado ilegal interfiera en el proceso democrático. Estamos comprometidos con judicializar a quienes busquen alterar el orden constitucional y la libre participación política”, señaló la vicefiscal Martha Mancera en declaraciones recientes.
Contexto político nacional
La controversia sobre las garantías políticas se da en medio de un ambiente nacional tenso, con múltiples cuestionamientos al Gobierno Petro por parte de sectores de oposición, no solo en términos de seguridad, sino también por la implementación de sus reformas y la relación con grupos armados en el marco de la “paz total”.
El Centro Democrático ha sido una de las voces más férreas contra esta política, argumentando que ha empoderado a estructuras ilegales que hoy se sienten con capacidad de imponer su voluntad en varios territorios. “El mal llamado proceso de paz total ha sido un fracaso rotundo. Ha facilitado el rearme de disidencias y ha dejado a la población civil y a los partidos en completa indefensión”, enfatizó Cabal.
A esto se suma la reciente polémica por el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC, que según informes de inteligencia ha violado de manera sistemática el acuerdo sin mayores consecuencias por parte del Ejecutivo. “No puede haber elecciones libres si quienes tienen el poder de las armas están decidiendo quién puede o no hacer campaña”, concluyó la congresista Valencia.
Impacto en el sur del país
La situación es especialmente preocupante en zonas como el sur del Huila, donde la histórica confrontación armada, la débil presencia institucional y las economías ilegales han configurado un escenario propicio para la vulneración de derechos políticos. En municipios como Algeciras, Pitalito, Acevedo, La Plata y San Agustín, se han reportado dificultades para el desarrollo de campañas políticas, así como presiones a líderes comunitarios.
“Nos han informado que en algunos corregimientos se está cobrando una ‘cuota’ para poder hacer reuniones políticas. Otros líderes nos han contado que han tenido que salir de sus veredas por amenazas. Esto es absolutamente inaceptable y debe prender todas las alarmas de las autoridades electorales”, señaló el diputado huilense Armando Ariza, también militante del Centro Democrático.
Puede leer: Álvaro Uribe denuncia plan de atentado en su contra
De hecho, en municipios como La Plata y Santa María, varios aspirantes a alcaldías y concejos han optado por mantener sus campañas de manera casi clandestina, evitando grandes concentraciones o recorridos visibles por temor a represalias. “Esta no es la democracia por la que tanto luchamos. Hoy estamos regresando a una época en la que había que pedir permiso para hacer política, y eso no puede permitirse”, añadió Ariza.
Llamado a organismos internacionales
Ante la gravedad de las denuncias, el Centro Democrático también ha anunciado que elevará sus preocupaciones ante organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Queremos que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Colombia. Aquí se están cooptando espacios democráticos con el silencio cómplice de muchas instituciones. Necesitamos veeduría internacional urgente para evitar que el proceso electoral de 2026 se vea viciado por la violencia y la falta de garantías”, afirmaron voceros del partido.
Además, solicitaron a la MOE y a la Unión Europea que desplieguen misiones de observación anticipada en las regiones más críticas del sur del país, para documentar posibles irregularidades y presiones que afecten la transparencia del proceso electoral.
Entre la denuncia y el deber institucional
La denuncia del Centro Democrático se suma a una larga historia de tensiones políticas en Colombia, donde las garantías electorales han sido una preocupación constante en territorios periféricos. Si bien el país ha logrado avances en materia de participación política tras la firma del Acuerdo de Paz, las nuevas dinámicas del conflicto, sumadas a una creciente polarización, amenazan con devolverlo a escenarios de exclusión, intimidación y violencia política.
El reto para el Gobierno, las autoridades electorales y los organismos de control es garantizar que todos los sectores, sin distinción ideológica, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y seguridad. Solo así podrá hablarse de una democracia real, robusta e inclusiva.
Puede leer: Petro reveló que esquema de seguridad del senador Miguel Uribe fue reducido el día del atentado
