Con el inicio del último debate en el Senado y en medio de la controversia por la posible convocatoria de una consulta popular por parte del presidente Petro, la reforma laboral entra en su etapa decisiva. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con el texto actual, gremios empresariales alertan sobre el impacto que podría tener en el empleo formal y la informalidad, proponiendo ajustes de última hora para mitigar sus efectos negativos.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El país entra en una semana clave para el futuro de la reforma laboral. Este 4 de junio fue radicada la ponencia para el último debate de este polémico proyecto en la plenaria del Senado. Con ello, comienza la cuenta regresiva para definir el destino de una iniciativa que ha generado fuertes divisiones entre el Gobierno, el Congreso y el sector productivo.
El texto presentado es el mismo que fue aprobado el pasado 28 de mayo en la Comisión Cuarta del Senado y contempla cambios significativos en aspectos como la jornada diurna, los recargos dominicales y festivos, y nuevas exigencias en contratación. Aunque desde el Ejecutivo se defiende como una apuesta por el trabajo digno y decente, las preocupaciones de los empresarios no cesan.
Uno de los puntos más controversiales gira en torno a los sobrecostos que implicaría su aplicación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan el 98% del aparato productivo nacional. Las modificaciones propuestas —como el aumento de recargos y la reducción del horario nocturno— podrían incrementar los costos laborales, afectar la sostenibilidad de muchas empresas e, incluso, generar despidos.
Según cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), la tasa de informalidad, actualmente en 56,8%, podría aumentar entre 0,5 y 0,63 puntos porcentuales si no se introducen ajustes. Asimismo, se advierte sobre una posible destrucción de hasta 140.000 empleos en un escenario intermedio, donde el principal factor de presión sería el cambio en la jornada diurna.
En este contexto, gremios como Fenalco, Acodres y la Andi han hecho reiterados llamados al consenso. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, criticó además la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular vía decreto, calificándola de “abiertamente ilegal” por no cumplir con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución, que exige concepto previo y favorable del Senado.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, ha mostrado disposición al diálogo, incluso aceptando que los empresarios están dispuestos a ceder en algunos temas, como los recargos nocturnos y dominicales. Sin embargo, insiste en que cualquier ajuste debe hacerse con responsabilidad fiscal y teniendo en cuenta la actual desaceleración económica del país.
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Desde Anif se propone que, de aprobarse la reforma sin modificaciones sustanciales, se incluya al menos un artículo que obligue a evaluar los efectos de la normativa dos años después de su entrada en vigor. Si se confirma un impacto negativo sobre el empleo formal, debería contemplarse una ampliación de los plazos de transición para los recargos establecidos. Esta medida permitiría corregir el rumbo sin detener la implementación de la reforma.
Por su parte, voceros de sectores especialmente sensibles, como el gastronómico, advierten que las nuevas reglas podrían obligar a miles de empresarios a recurrir a la informalidad para sobrevivir. Jaime Alberto López, presidente de Acodres, señala que un cambio tan drástico requiere de gradualidad, ya que muchas empresas no podrían sostener su operación con el nuevo esquema de costos.
Eduard Forero Benavidez, director general de Solutions & Payroll, insiste en que una verdadera inclusión laboral implica mucho más que generar vacantes: se trata de remover las barreras estructurales que impiden acceder al empleo formal, garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las empresas y lograr una articulación efectiva entre el sector público y privado.
En medio del debate técnico y económico, la discusión también se ha politizado. El anuncio del presidente Petro de impulsar una consulta popular sobre las reformas sociales ha encendido las alarmas en diversos sectores, que ven en esta vía una forma de presionar al Congreso o incluso deslegitimarlo si no aprueba las iniciativas del Ejecutivo.
Así las cosas, el debate de la próxima semana en el Senado será definitivo no solo para el futuro de la reforma laboral, sino también para medir el equilibrio de poderes en el país. Mientras tanto, los gremios mantienen la esperanza de que se abran espacios reales de concertación para ajustar una reforma que, si bien necesaria, aún deja muchas inquietudes sin resolver.
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