Los lideres sociales en Colombia, se encuentran inermes en medio del creciente conflicto armado, porque se encuentran asediados por las organizaciones criminales que tienen controlado el 66 % del territorio Colombia, producto de la laxitud gubernamental que se ha venido presentando durante el presente cuatrienio. No para la sevicia de estos desadaptados sociales y asesinos, que se han ensañado contra estos seres humanos, que han dedicado su vida a trabajar y a liderar los procesos de desarrollo en beneficio de las comunidades que representan. De acuerdo con la Defensoría Nacional del Pueblo que en el periodo comprendido entre el 2016 y 2023, se tiene conocimiento del asesinato de 1.294 lideres sociales en el país. El año anterior, fueron asesinados 189 defensores de derechos humanos, lo que equivale a un líder asesinado cada dos aproximadamente. Entre enero y abril de 2025 Colombia ha sido testigo de una grave realidad: 71 líderes sociales asesinados y 20 firmantes de paz asesinados.
Todavía persisten amenazas contra éstos. Los grupos armados siguen citándolos a las montañas y los mantienen acosados para que sirvan de instrumentos de guerra bajo presión, so pena de ser afectados con sus familias. Los lideres sociales en Colombia, siguen atravesando su verdadero viacrucis porque las permanentes amenazas de las organizaciones subversivas que hacen presencia en sus territorios y que infortunadamente son asesinados sino se someten a la voluntad de estas organizaciones que tienen en jaque a la sociedad colombiana. La misma Corte Constitucional de Colombia, ha proferido un fallo recientemente, donde expresa que la falta de concordancia ante la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, sumada a la incapacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, la motivó a declarar el estado de cosas inconstitucional por la violencia, que no cesa, contra los líderes sociales en el país.
La sociedad huilense ha rechazado el vil asesinato por organizaciones subversivas, ocurrido el domingo anterior en la vereda la Reforma del municipio de Baraya, de la lideresa Lina María Puentes Vega, defensora de los derechos humanos, mujer integrante de la red de buscadoras del Huila “tras la huella de la vida”. Indepaz y las Naciones Unidas han repudiado este crimen y han honrado su legado como lideresa comunitaria y buscadora de paz. A este rechazo, se unió la Unidad de Búsquedas de Personas dadas por desaparecidas y la Defensoría Nacional del Pueblo. Iguales episodios se siguen presentando en otras regiones del país. Este panorama de violencia se está incrementando durante el presente cuatrienio. El gran reto es cómo abandonamos las discusiones inútiles en política para construir un proyecto de país que busque solucionar la desigualdad y donde alcancemos la paz. Es un problema complejo, que requiere consensos y agilidad política.
