A un mes de que entre en vigor la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, la cual está basada en un sistema de pilares (semicontributivo, contributio, solidario y de ahorro voluntario). Para el 1 de julio, a menos de que la Corte Constitucional lo evite, ya que admitió varias demandas contra la norma, esta empezará a regir en el país con varias modifcaciones al sistema pensional.
Una de esas modificaciones es que ahora todo trabajador que gane más de 2,3 salarios mínimos ($3.274.050) deben cotizar en Colpensiones, mientras que el excedente irá al fondo privado que escoja. Otra es que habrá una renta para tres millones de adultos de $230.000.
Sin embargo, ante las dificultades fiscales que tiene el país, ya hay quienes ponen en duda de que el Gobierno cumpla con este pago que se hará de manera mensual con el fin de sacar a millones de colombianos de la pobreza absoluta. Así lo dejó entrever el reconocido experto en pensiones Kevin Hartmann, abogado e investigador del Instituto de Derecho Social, por medio de un hilo en X.
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En el mismo, reconoció que el pilar solidario es el corazón de la reforma. En la publicación, basada una columna de opinión que escribió para el portal Razón Pública, denominada “El pilar solidario: una promesa que se esfuma en el aire”, explicó que el Decreto Único Reglamentario que expidió recientemente el Ministerio de Hacienda hará que la promesa no se cumpla.
Al respecto, Kevin Hartmann advirtió que, aunque la promesa era justa, y se estableció que se pagará con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN) y al Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), el problema está en su reglamentación.
“El Decreto 514 de 2025 (DUR) abre la puerta al incumplimiento sin necesidad de derogar la ley. No porque el Gobierno quiera fallar, sino porque no tiene cómo cumplir en los términos prometidos. Las cuentas no cuadran”, apuntó.
De igual manera, precisó que cumplir la promesa cuesta $4 billones por semestre. Entonces, el FSP aporta cerca de $1 billón y el resto debe salir del PGN, que ya tiene un déficit de más de $12 billones, así que no hay espacio fiscal.
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