Fallas en trazabilidad y control sanitario de más de 2.600 kilos de carne generan alerta por posible riesgo para los estudiantes
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Neiva, luego de detectarse graves irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La medida surge tras una inspección realizada el pasado 16 de mayo, en la que se evidenciaron deficiencias en el manejo de productos cárnicos que serían entregados a estudiantes de instituciones educativas de la ciudad.
Según información preliminar, el operador contratado para suministrar los alimentos no logró justificar el origen ni garantizar la trazabilidad de más de 2.600 kilos de productos cárnicos, lo que representa un potencial riesgo para la salud de miles de menores beneficiarios del programa. La inspección se realizó en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud de Neiva y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Aunque los alimentos inspeccionados no presentaban signos evidentes de descomposición, las autoridades hallaron serios incumplimientos a las normas sanitarias. Entre las faltas más relevantes se destacan la ausencia de guías sanitarias de transporte y el rompimiento de la cadena de frío, condiciones críticas para preservar la inocuidad de productos perecederos como la carne.
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Riesgo para la salud escolar
Estas deficiencias comprometen la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes que dependen del PAE para recibir una alimentación adecuada durante su jornada escolar. La detección de estos riesgos activó de inmediato los protocolos de seguridad alimentaria. En respuesta, se procedió a la inmovilización y congelamiento preventivo de los productos implicados, los cuales posteriormente fueron incinerados bajo condiciones sanitarias controladas, con el fin de eliminar cualquier posibilidad de daño a la salud.
La alerta fue activada por el equipo técnico del PAE en Neiva, liderado por la funcionaria Leidy Jara, quien reportó que durante una inspección rutinaria se identificó la falta de documentación que acreditara la correcta manipulación y transporte de la carne. Esta omisión, sumada a las condiciones en que se encontró el producto, motivó la intervención inmediata de las autoridades y la apertura de una investigación disciplinaria.
Investigación en curso
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva dio inicio a la indagación como parte de su rol preventivo, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existió negligencia, omisión o complicidad por parte de los funcionarios públicos encargados del seguimiento y control del contrato.
Como parte del proceso investigativo, la entidad requirió a la Alcaldía de Neiva toda la documentación relacionada con la contratación del operador del PAE, incluyendo el procedimiento de selección, las obligaciones contractuales asumidas y los informes más recientes de seguimiento a la ejecución del programa.
El caso ha generado preocupación en la opinión pública, debido a que el Programa de Alimentación Escolar tiene como fin garantizar una nutrición balanceada que favorezca la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes en condición de vulnerabilidad. Cualquier falla en su implementación compromete directamente los derechos fundamentales de la niñez.
Exigen más vigilancia y transparencia
Este nuevo escándalo reaviva el debate sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia sobre los programas sociales en los entes territoriales, en especial aquellos vinculados con la alimentación escolar. La ciudadanía reclama mayor rigurosidad en la selección de operadores, transparencia en la contratación pública y eficiencia en la supervisión técnica y administrativa.
El impacto de estas irregularidades no solo pone en riesgo la salud de los menores, sino que también afecta la confianza de las familias y la comunidad educativa en las instituciones encargadas de garantizar el bienestar de los estudiantes. Por ello, desde distintos sectores se ha hecho un llamado a no permitir impunidad en este tipo de casos y aplicar sanciones ejemplares si se comprueba responsabilidad de funcionarios.
La Procuraduría ratificó su compromiso de avanzar en la recolección de pruebas necesarias, y aseguró que no se descartan nuevas acciones disciplinarias si se identifican faltas más graves durante el curso de la investigación.
Una oportunidad para replantear el PAE
La apertura de esta indagación representa un paso clave para garantizar que el PAE se ejecute con los más altos estándares de calidad y transparencia. También es un llamado a los entes territoriales para que asuman con mayor responsabilidad la administración de programas sociales que inciden directamente en el bienestar de las nuevas generaciones.
Mientras la investigación sigue su curso, padres de familia, rectores y docentes permanecen atentos a los avances del caso, con la esperanza de que se tomen correctivos urgentes y se evite que situaciones similares vuelvan a repetirse.
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