Una nueva medida del Gobierno Petro, que otorga a la Agencia Nacional de Tierras el derecho preferente para comprar fincas, desató críticas por considerarse una amenaza a la propiedad privada y una posible expropiación encubierta.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Una nueva controversia rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez relacionada con la propiedad privada en el campo colombiano. A través de la circular CIR-2025-000184-4, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, se establecen nuevos lineamientos que otorgan a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) una opción privilegiada de compra sobre predios rurales que puedan ser destinados a la reforma agraria, lo que ha generado fuertes críticas desde diferentes sectores, al considerar que esta norma abre la puerta a una posible expropiación encubierta.
La circular fue confirmada y compartida en redes sociales por el exviceministro de Asuntos Agropecuarios y expresidente de la Asociación de Exportadores de Ganado en Pie (Aexgán), Juan Gonzalo Botero, quien calificó la medida como un “zarpazo a la propiedad privada” y una acción que pone en riesgo la seguridad jurídica sobre la tierra rural.
¿Qué dice la circular?
El documento señala, en el artículo 2.14.6.4.15, que la ANT o quien haga sus veces podrá ejercer la opción privilegiada de compra de predios que sean aptos para la reforma agraria, bajo los fines de utilidad pública e interés social, contemplados en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994. La compra deberá realizarse en las condiciones esenciales establecidas en la promesa de compraventa y no podrá exceder el avalúo comercial del bien inmueble.
Además, se indica que la ANT contará con 15 días hábiles para manifestar su interés en iniciar el procedimiento de compra, tras recibir notificación de una intención de venta de predio rural. En otras palabras, si un propietario desea vender su finca, primero deberá informar a la ANT, que decidirá si adquiere el terreno bajo las condiciones pactadas con el comprador original.
Asimismo, será la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, del Ministerio de Agricultura, la que informará anualmente a la Superintendencia los municipios priorizados para la Reforma Agraria, siendo los primeros identificados los departamentos de La Guajira, Córdoba y Sucre.
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Reacciones de preocupación
La medida ha sido recibida con fuerte escepticismo, especialmente por sectores políticos y jurídicos que ven en la circular una amenaza a los principios de libertad económica y derecho a la propiedad privada.
El exviceministro Botero enfatizó que esta decisión es un precedente peligroso para la propiedad rural: “Este es el primer golpe a la propiedad privada rural. ¿Nos dejaremos meter la expropiación?”, escribió en su cuenta de X.
En la misma línea, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, se sumó a las críticas y aseguró: “Se enloqueció este Gobierno. Un propietario de tierras decide cuándo vende y a quién le vende. Esto es un abuso inmenso contra la propiedad privada”.
Riesgos e implicaciones, según expertos
El abogado Enrique Herrera Araújo, experto en desarrollo rural y tierras, realizó un análisis técnico y jurídico de la resolución, destacando varios aspectos que podrían tener consecuencias negativas sobre el mercado de tierras y el desarrollo económico del sector rural.
Según Herrera, la medida no solo es impracticable, dado que la ANT no cuenta con la capacidad institucional para ejecutar estas funciones en todo el país, sino que también introduce varios riesgos:
- Incertidumbre jurídica entre las partes interesadas en una compraventa.
- Freno a la dinámica del mercado de tierras, afectando la economía rural.
- Retrasos en las transacciones por los 15 días de espera obligatoria.
- Riesgo de perfilamiento indebido que podría derivar en delitos como extorsión, chantaje o secuestro si se filtra información sensible.
- Posibilidad de que se presenten casos de corrupción, aprovechando los vacíos normativos o institucionales.
- Potencial inconstitucionalidad de la medida por afectar derechos fundamentales.
Para el experto, esta política es otra muestra de cómo el actual Gobierno crea más problemas que soluciones. “En resumen: crea un problema en vez de ser una solución”, concluyó Herrera.
¿Una expropiación disfrazada?
Aunque la circular no habla de expropiación directa, su alcance y ejecución podrían derivar en una figura similar, ya que impone una intervención estatal previa a cualquier negociación privada, modificando de facto el principio de libertad contractual. En contextos donde hay un historial de conflictos por la tierra y donde la confianza en las instituciones es limitada, este tipo de medidas generan temor y rechazo.
Organizaciones campesinas y de derechos humanos aún no han emitido un pronunciamiento oficial, pero se espera que el tema escale en el debate nacional. Para algunos, la medida puede representar una oportunidad de democratizar el acceso a la tierra; para otros, se trata de una peligrosa herramienta de control del mercado rural.
Una nueva tormenta política
Este episodio se suma a otros momentos de alta tensión que ha protagonizado el Gobierno Petro en su intento de avanzar en transformaciones estructurales, en este caso, en la ejecución de la Reforma Agraria, una de las banderas más ambiciosas del presidente.
Sin embargo, la falta de concertación, la improvisación normativa y la poca capacidad institucional han llevado a que muchas de estas iniciativas terminen más cuestionadas que respaldadas, generando dudas sobre su legitimidad, viabilidad y verdadero propósito.
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