La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que imponga una sanción al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.
De acuerdo con el análisis presentado por el ente de control, la campaña habría superado el límite de financiación autorizado para la primera vuelta, que era de $28.536 millones. Según el informe, los gastos ascendieron a $28.690 millones, es decir, $154 millones por encima del tope legal.
Además, la Procuraduría señaló a Roa de haber omitido información relacionada con gastos de la segunda vuelta presidencial, en particular los asociados al alquiler del Movistar Arena, donde se realizó el evento de recepción de resultados. El valor real de ese alquiler fue de $250 millones, pero solo se reportaron $150 millones; los $100 millones restantes fueron asumidos por la empresa Servired S.A.S., algo que está prohibido por la ley electoral.
Según el concepto entregado al CNE, Roa habría actuado de manera “deliberada e intencionada”, lo que llevó al Ministerio Público a considerar que existió dolo en su actuar. En consecuencia, la Procuraduría pidió al CNE que lo sancione, junto con la tesorera de campaña Lucy Aydee Mogollón y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
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Aunque no se solicitó expresamente una sanción económica, el documento hace referencia a lo que establece la ley: una posible multa equivalente al 2% de los recursos públicos entregados para la segunda vuelta, lo cual podría representar un monto cercano a los $308 millones, si el CNE así lo decide.
El ente de control también resolvió archivar otros cargos relacionados con presuntos aportes de organizaciones sindicales, como Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), al determinar que los recursos de dichas organizaciones no ingresaron directamente a la campaña, sino que fueron utilizados por los propios sindicatos.
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