La reforma a la justicia, aprobada en cuarto debate, impulsa la justicia premial para agilizar procesos, reducir el hacinamiento carcelario y ofrecer beneficios penales a cambio de reparación y colaboración, buscando descongestionar el sistema penal colombiano.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Con el objetivo de hacer más eficiente el sistema penal acusatorio, reducir el hacinamiento carcelario y mejorar la percepción ciudadana sobre la justicia, el Congreso de la República aprobó en cuarto y último debate una ambiciosa reforma a la justicia. El proyecto, que aún debe pasar por conciliación y recibir la sanción presidencial, centra su apuesta en la justicia premial, un mecanismo que permite beneficios penales a cambio de colaboración, reparación del daño o la aceptación de responsabilidad.
Esta reforma, compuesta por 13 artículos, amplía herramientas como el principio de oportunidad, la reparación integral y la prueba anticipada. La esencia de esta transformación está en reconocer que no todos los delitos requieren de una pena privativa de libertad para generar justicia, y que, en algunos casos, reparar el daño o descongestionar el sistema puede tener mayor impacto social.
Reparación integral: justicia sin cárcel para delitos menores
Uno de los pilares de la reforma es permitir que ciertos delitos no dolosos —es decir, sin intención directa de causar daño— puedan resolverse mediante reparación integral a la víctima, evitando así el avance del proceso penal.
Entre los delitos incluidos están el homicidio culposo, las lesiones personales culposas y la inasistencia alimentaria, además de algunos delitos contra el patrimonio económico, exceptuando el hurto calificado y la extorsión.
Esto significa que si el acusado realiza una reparación integral del daño —según el avalúo de un perito o a satisfacción de la víctima— la acción penal se extinguirá. Cuando no se pueda identificar a la víctima, la ley prevé que se realice una caución u otro mecanismo de compensación.
Prueba anticipada: para evitar impunidad
Otra innovación relevante es el fortalecimiento de la prueba anticipada, mecanismo clave para evitar la prescripción de procesos penales —que, según la Judicatura, ocurre en al menos 26 casos diarios—. Esta medida busca asegurar pruebas fundamentales en investigaciones sensibles, como aquellas relacionadas con bandas criminales o delitos sexuales contra menores, que podrían perderse con el paso del tiempo o por amenazas a testigos.
La norma exige que la prueba anticipada se realice por razones fundadas y con extrema necesidad, asegurando el debido proceso y evitando su uso indiscriminado.
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Principio de oportunidad: más opciones para resolver sin juicio
El principio de oportunidad, ya existente en el sistema penal colombiano, se amplía con esta reforma. La Fiscalía General de la Nación podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal hasta antes de la audiencia de juicio, si con ello se logra un bien mayor: colaboración del acusado, reparación a la víctima o descongestión judicial.
Este principio tendrá una duración inicial de hasta un año, prorrogable por otro periodo igual. Se incluyen 15 causales para aplicar este beneficio, entre ellas delitos como el testaferrato —siempre que se entreguen bienes al fondo de víctimas— y ciertos casos de corrupción, cuando la afectación funcional sea poco significativa y ya haya sanción disciplinaria.
Eso sí, se mantiene la exclusión para casos graves como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y delitos sexuales contra menores.
Límites y exclusiones
La reforma también establece con claridad que no habrá beneficios para delitos como el terrorismo, secuestro, extorsión ni para sus delitos conexos. En estos casos, no se aplicarán mecanismos sustitutivos de pena, como la prisión domiciliaria, ni subrogados judiciales o administrativos, salvo que haya colaboración eficaz con la justicia.
Sin embargo, si se realiza un preacuerdo con la Fiscalía o hay allanamiento a cargos, se permitirá una rebaja de hasta el 50 % de la pena.
Miradas desde la justicia
Para el exfiscal general Guillermo Mendoza, la clave del éxito de la reforma está en garantizar que los beneficios se apliquen con criterios estrictos y que la reparación a las víctimas se cumpla efectivamente. «En tanto esto no se cumpla, no se puede aplicar el principio de oportunidad», advirtió.
Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia valoró positivamente la iniciativa. “El sistema anterior ha fracasado. Esta reforma busca que los procesos avancen, y con ello mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de la justicia”, afirmó.
Con esta reforma, Colombia busca no solo descongestionar su sistema penal, sino también fortalecer la justicia restaurativa, priorizando la reparación del daño y la eficiencia institucional frente al castigo automático.
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