Mientras el país debate los alcances de la reforma laboral, un informe del DANE revela una realidad más profunda: nueve de cada diez empresas en Colombia —en su mayoría micronegocios— funcionan en la informalidad, evadiendo impuestos y sin ofrecer protección laboral a sus trabajadores.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
En medio del intenso debate sobre la reforma laboral en Colombia —centrado en temas como el aumento de las horas extras dominicales y nocturnas—, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes celebró un debate de control político para abordar otra dimensión crítica de la economía: la informalidad en el sector empresarial. Aunque el país suele centrar la discusión en la informalidad laboral, el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló una realidad más alarmante: la informalidad entre las empresas colombianas es aún mayor que la de los trabajadores.
Durante su intervención en el Congreso, la directora del DANE, Piedad Urdinola, presentó cifras reveladoras sobre la composición y legalidad del aparato productivo nacional. Hasta finales de 2023, en Colombia se registraron 952.000 empresas conformadas como personas jurídicas, frente a cinco millones creadas bajo la figura de personas naturales. Es en este último grupo donde se concentra el fenómeno de la informalidad.
Según el índice multidimensional de informalidad empresarial —un indicador diseñado por el DANE—, el 91,1 % de las unidades productivas en Colombia operan de forma informal. Esta cifra, que aumentó un punto porcentual respecto al 2022, muestra que casi todos los micronegocios del país están por fuera del marco normativo. Los micronegocios son unidades económicas que ocupan un máximo de nueve personas y constituyen la gran mayoría del tejido empresarial en Colombia.
La informalidad en estos negocios abarca diversas dimensiones. La más crítica es la tributaria: el 96,2 % no declara el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), y el 95 % no lleva registros contables. En otras palabras, casi todos los micronegocios están al margen del radar fiscal del Estado.
La situación no mejora en lo relativo a los derechos laborales. Según el DANE, el 94,3 % de estos negocios no realiza aportes a los riesgos laborales de sus trabajadores, y el 89,4 % tampoco contribuye al sistema de salud ni al de pensión. Este incumplimiento perpetúa la informalidad en el empleo, al impedir que los trabajadores accedan a las garantías mínimas de seguridad social.
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Además, el 85,8 % de los micronegocios no cuenta con un registro mercantil, lo que los coloca por fuera de la legalidad comercial, y el 76,2 % no posee un Registro Único Tributario (RUT). Si bien este último indicador mostró una leve mejora frente al 2022 (cuando el 77,5 % no tenía RUT), la informalidad sigue siendo la norma y no la excepción.
En términos sectoriales, la informalidad golpea con especial dureza al agro colombiano. De los 13,3 millones de colombianos que trabajan en la informalidad, 2,9 millones lo hacen en sectores rurales como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. En este grupo, la tasa de informalidad alcanza un alarmante 85 %, lo que deja ver el abandono estructural del campo colombiano. Le siguen sectores como el de alojamiento y servicios de comida, donde el 75 % de los trabajadores también está en condición informal.
En contraste, sectores como el de información y telecomunicaciones presentan niveles bajos de informalidad. Solo 48.000 personas empleadas en esta rama operan fuera del marco legal, lo que refleja una correlación directa entre el nivel de tecnificación de la actividad económica y el cumplimiento normativo.
Durante su intervención en el Congreso, Urdinola también presentó datos sobre el comportamiento del sector servicios, uno de los más dinámicos en la economía nacional. De acuerdo con cifras del DANE, las empresas dedicadas a actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión lideraron el crecimiento en 2023, con un aumento de ingresos del 18,2 % y un crecimiento en el personal ocupado del 10,3 %. Aunque solo existen 47 empresas en este sector, se han beneficiado del auge de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime.
El segundo grupo con mejor desempeño fue el de actividades inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento, cuyas ventas crecieron un 16,9 %. Sin embargo, el número de empleados apenas varió un 0,2 %, lo que sugiere una mayor eficiencia o, posiblemente, un uso intensivo de recursos digitales.
Este panorama plantea enormes desafíos para el Gobierno nacional. Más allá de los ajustes en la legislación laboral, Colombia necesita una política integral de formalización empresarial, que combine incentivos económicos, simplificación de trámites y educación financiera para las pequeñas unidades productivas. La informalidad empresarial no solo priva al Estado de recursos esenciales, sino que también condena a millones de trabajadores a una vida sin seguridad social, estabilidad ni oportunidades reales de desarrollo.
La informalidad, en definitiva, no es solo un problema de los trabajadores. Es un síntoma estructural del modelo económico colombiano, donde emprender muchas veces significa sobrevivir al margen de la ley. Mientras no se aborde este fenómeno con una visión integral, cualquier reforma laboral quedará incompleta.
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