El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara, David Racero, por presunto uso indebido de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El alto tribunal evaluará si el congresista incurrió en la destinación de recursos públicos para actividades ajenas a la función legislativa.
Según la demanda, el parlamentario —miembro del movimiento Pacto Histórico— habría asignado a uno de sus asistentes tareas relacionadas con un negocio de frutas y verduras de su propiedad, ubicado en el sector de Villa Luz, occidente de Bogotá. Los hechos señalados se habrían producido entre noviembre de 2020 y enero de 2021, cuando el colaborador, pagado con recursos del Estado, habría participado en la operación comercial del establecimiento.
El caso fue asignado al despacho del magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien ya conoce otro expediente contra Racero por hechos similares. El tribunal estudia la posibilidad de acumular ambos procesos para una valoración conjunta.
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La demanda fue presentada el pasado 13 de mayo de 2025, dentro del plazo legal, y se sustenta en pruebas documentales, entre ellas una investigación periodística que reveló mensajes entre Racero y su asistente, en los que presuntamente se hacía referencia a actividades logísticas del negocio. También figura un audio atribuido al conductor del congresista, vinculado a la misma unidad legislativa, en el que se mencionaría el funcionamiento del establecimiento comercial.
Los funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo están contratados con recursos públicos y deben desempeñar funciones relacionadas exclusivamente con el trabajo legislativo. Su uso con fines particulares puede configurar una causal de pérdida de investidura por indebida destinación de recursos del Estado.
Paralelamente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también adelanta investigaciones sobre los mismos hechos. Allí se analiza si hubo irregularidades en la gestión del equipo legislativo del congresista, así como posibles infracciones laborales asociadas al negocio comercial.
David Racero ha rechazado las acusaciones, calificándolas como inexactas. Sin embargo, corresponderá a las autoridades judiciales determinar la validez de las pruebas y si existe mérito para sanciones legales o políticas.
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