La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) denunció la adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dentro del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, en el Huila, pese a que estas áreas están legalmente protegidas. Tras no recibir respuesta a sus solicitudes, la CAM acudió a la justicia y ganó una tutela que ordena a la ANT responder formalmente.
Diario del Huila, Huila
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) ha encendido las alarmas sobre una serie de adjudicaciones de tierras realizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el interior del Parque Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, en el Huila, una zona ambientalmente protegida. Tras insistentes requerimientos sin respuesta, la CAM llevó el caso a los estrados judiciales y ganó una acción de tutela que obliga a la ANT a responder formalmente a sus peticiones.
La situación se remonta a finales de 2022, cuando la ANT solicitó a la CAM un concepto técnico sobre el predio El Paraíso, ubicado en la vereda La Pradera del municipio de Gigante. En su respuesta, la CAM advirtió que dicho predio se sobreponía con el Parque Natural Regional Miraflores Rigoberto Urriago, por lo que debía destinarse exclusivamente a fines de preservación y restauración ambiental. Esta condición está sustentada en la normativa vigente y en jurisprudencia reiterativa de la Corte Constitucional, que establece que los parques naturales, sean de orden nacional o regional, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no pueden ser objeto de destinación para usos distintos a la conservación.
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Sin embargo, la CAM fue notificada en octubre de 2024 por la Alcaldía de Gigante sobre la adquisición de ese predio por parte de la ANT, transacción que se habría realizado en septiembre de 2023. Posteriormente, en una visita técnica al terreno en noviembre del mismo año, funcionarios de la Corporación constataron que ya se habían asignado 48 parcelas dentro del parque para actividades productivas. Algunas de estas parcelas se encontraban en zonas de alto valor ecológico, con bosques de segundo crecimiento, rastrojos gruesos, humedales y fuentes hídricas. Además, el predio contiene la bocatoma del acueducto de la vereda La Gran Vía, que abastece a 467 familias.
Frente a este hallazgo, la CAM envió un oficio a la ANT el 26 de noviembre de 2024 manifestando su preocupación por la intervención dentro del parque natural y requirió información completa sobre las adjudicaciones de tierras en áreas protegidas. Según este documento, el 59% del predio está ubicado dentro del parque y el 41% restante dentro de la Reserva Forestal de la Amazonía. De ese porcentaje, el 22% corresponde a zona tipo A —que solo puede destinarse a conservación— y el 19% a zona tipo C —con vocación de agroforestería sostenible—.
Dado el silencio persistente de la ANT, la CAM interpuso una acción de tutela por vulneración del derecho fundamental de petición, la cual fue resuelta a su favor por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva. En sentencia del 2 de mayo de 2025, el juzgado ordenó a la ANT responder de fondo a los requerimientos de la CAM en un plazo de 48 horas. No obstante, al vencerse el plazo sin cumplimiento por parte de la entidad nacional, el mismo juzgado ordenó el 22 de mayo la apertura de un incidente de desacato.
Pese a esta situación, la CAM ha sido enfática en señalar que no se opone a la entrega de tierras a comunidades campesinas o indígenas en el marco de la reforma agraria. Por el contrario, reafirma su compromiso con estos procesos siempre que se realicen dentro de un enfoque de sostenibilidad. “Rechazamos que las adjudicaciones se den al interior de parques naturales y otras áreas protegidas. La reforma agraria debe desarrollarse garantizando la preservación ambiental y priorizando tierras con vocación productiva”, sostuvo la entidad en su comunicado oficial.
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Este caso pone en evidencia las tensiones entre las metas de redistribución de tierras del Gobierno Nacional y la necesidad de preservar los ecosistemas estratégicos del país. Organizaciones ambientales y líderes regionales han manifestado su respaldo a la CAM, mientras exigen que se corrijan los procedimientos administrativos que permitieron una intervención en un área de tan alta sensibilidad ecológica.
Por ahora, la ANT deberá rendir cuentas ante la justicia y definir cómo abordará los casos de adjudicación que han vulnerado el marco legal de protección ambiental. La CAM, por su parte, continuará vigilante para evitar que se repitan este tipo de irregularidades que comprometen la integridad de los ecosistemas huilenses.
