El gobierno del presidente Donald Trump revocó la certificación de la Universidad de Harvard para matricular estudiantes internacionales, argumentando que la institución promovía el antisemitismo, la violencia y mantenía presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino. La medida afecta a unos 6.800 estudiantes extranjeros actualmente inscritos.
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Harvard calificó la decisión como “ilegal e injustificada” y presentó una demanda en un tribunal federal de Massachusetts, donde un juez emitió una orden para suspender temporalmente la medida. La universidad sostiene que la resolución vulnera derechos constitucionales y amenaza la estabilidad de su comunidad académica.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que estudiar en Estados Unidos es un privilegio y que Harvard “no está actuando de manera responsable”. Desde el ámbito diplomático, el embajador australiano Kevin Rudd expresó su preocupación por la decisión, calificándola de “angustiante”.
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Mientras el caso avanza en los tribunales, la orden ejecutiva se encuentra congelada de manera temporal. Esto permite que, por el momento, los estudiantes internacionales continúen con su formación en Harvard sin ser afectados por la medida. No obstante, el fallo definitivo dependerá del curso legal del proceso, el cual podría sentar un precedente importante en materia de políticas migratorias aplicadas al ámbito educativo en Estados Unidos.
