Tras una orden de que la responsabilidad de la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria debía ser asumida por las entidades territoriales. Neiva actualmente no cuenta con los recursos suficientes para asumir este compromiso donde actualmente son 400 personas lo que equivale a unos 5 mil millones de pesos durante un año.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Meses atrás, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022, estableció que la responsabilidad de la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria debía ser asumida por las entidades territoriales, es decir, por municipios y departamentos.
En cumplimiento de esta disposición, se expidió la Ley 2346 de 2024, que otorga a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la facultad de continuar prestando el servicio hasta el 30 de junio de 2025. A partir de esa fecha, las entidades territoriales deberán asumir en su totalidad dicha responsabilidad.
En el departamento del Huila, solo Neiva cuenta con centros de detención transitoria, tres en total, y a partir del 1 de julio de 2025 deberá hacerse cargo de esta obligación.
“Venimos trabajando desde el año anterior para poder cumplir con esta disposición legal. Apenas tuvimos conocimiento de la Ley 2346 de 2024, iniciamos gestiones con el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. Existe una buena disposición por parte del gobernador Rodrigo Villalba y su secretario de Gobierno, el doctor Juan Carlos Casallas, para cofinanciar esta obligación. Como municipio hemos hecho una pequeña apropiación presupuestal dentro de nuestras posibilidades económicas, pero aun así resulta insuficiente. Este es un problema de carácter nacional. Actualmente, más de 180 municipios, incluidas varias capitales, han enviado un SOS al Gobierno Nacional, manifestando que no cuentan con los recursos para asumir esta carga”, explicó el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara.
La terminación de los contratos de alimentación por parte de la USPEC responde a factores legales, financieros y operativos.
“El problema se agudiza cuando el Estado traslada sus competencias a los municipios, obligándolos a crear cárceles, cuerpos de vigilancia, condiciones de salud y bienestar, y ahora, a suministrar la alimentación”, agregó Ducuara.
Sin recursos suficientes
La Procuraduría General de la Nación alertó que, al 24 de febrero de 2025, solo 59 de los 125 municipios del país tenían planes aprobados para asumir la alimentación en los centros de detención transitoria. Esta baja preparación representa un riesgo para la población privada de la libertad.
“Los municipios no tienen los recursos suficientes para atender esta obligación, que es bastante alta. Se deben ofrecer tres raciones diarias más un refrigerio —desayuno, almuerzo y cena— a cerca de 400 personas privadas de la libertad. Esto representa un costo de más de 5 mil millones de pesos anuales. Estamos en una encrucijada legal muy compleja: o invertimos en seguridad o nos enfocamos en la alimentación de los reclusos. Estamos haciendo todo lo humanamente, técnicamente y financieramente posible para cumplir”, señaló el funcionario.
Ante esta situación, el secretario de Gobierno ha informado al Gobierno Nacional sobre la complejidad del panorama, dado que solo Neiva cuenta con centros de detención transitoria, a donde además llegan personas capturadas en otros municipios del Huila. Por tal razón, se ha solicitado que sea el Gobierno Nacional quien asuma el financiamiento.
“Hemos sido claros con el Gobierno Nacional. Sostuvimos cuatro mesas de trabajo con la entonces ministra de Justicia, antes de su renuncia, junto con alcaldes de ciudades capitales y la Federación de Municipios. Solicitamos que el Gobierno Nacional también financie estas obligaciones. El artículo 3° de la Ley 2346 de 2024 establece que el Ejecutivo puede financiar la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria. En el caso del Huila, Neiva es el único municipio que cuenta con uno, aunque con deficiencias y hacinamiento. Por esta razón, nos hemos convertido en un centro regional, donde terminan recluidas personas capturadas por la Policía o el Ejército en municipios del centro y norte del departamento”, recalcó Ducuara.
Neiva lanza SOS
Frente a esta problemática, cada gobierno local debe presentar sus planes de atención y cumplimiento de la Ley, garantizando la continuidad del servicio de alimentación en los centros de detención a partir de julio de este año. Por ello, desde la administración municipal se lanza un nuevo SOS al Gobierno Nacional, ya que la voluntad del gobierno departamental no es suficiente.
“Hemos enviado oficios y realizado gestiones ante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, la USPEC y el gobierno departamental. Reiteramos nuestro SOS solicitando la cofinanciación de esta elevada suma. Más de 5 mil millones de pesos anuales cuesta la alimentación de las personas privadas de la libertad”, insistió el secretario.
El funcionario también solicitó que se prorrogue la entrada en vigencia de la ley, o en su defecto, que el Gobierno Nacional defina un documento COMPES que garantice la cofinanciación.
“Pedimos al Congreso de la República que aplace la entrada en vigencia de esta ley, o que el Gobierno Nacional defina el COMPES correspondiente. Los municipios, solos, no podemos asumir esta alta carga económica. Con la municipalización del sistema carcelario, se nos introdujo en un galimatías del cual ahora sufrimos las consecuencias”, sentenció.
En Neiva funcionan tres centros de detención transitoria: uno ubicado en las antiguas bodegas de Alpina, otro en el barrio Bogotá (femenino) y el tercero en la estación de Policía de El Caguán. En total, albergan a 400 personas privadas de la libertad.
Órganos de control se pronuncian
En consecuencia, los órganos de control instan a las autoridades territoriales y al Ministerio de Justicia y del Derecho a definir planes de implementación para garantizar la alimentación en los centros de detención transitoria, con el fin de asegurar condiciones de vida digna a la población sindicada.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación requerirán y verificarán la información presentada por las entidades territoriales para hacer seguimiento y control, e informarán a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.
La alerta fue emitida por la Procuraduría a través de su Delegada para el Sector Justicia.
Simultáneamente, la Contraloría realiza durante el primer semestre de 2025 una Auditoría de Cumplimiento a las 125 cárceles del país, incluidos los Centros de Detención Transitoria, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y la articulación del sector justicia en la gestión del sistema penitenciario.
“También hemos enviado oficios al Congreso, al presidente del Senado y al de la Cámara de Representantes, para que conozcan la situación financiera de los municipios. Neiva, por ejemplo, este año bajó de categoría, aunque esperamos recuperar la categoría especial gracias a la gestión fiscal de la Secretaría de Hacienda y su plan de austeridad. Pero esta situación nos pone contra las cuerdas. Los recursos destinados a seguridad son muy pocos, y si no hay cofinanciación, será casi imposible cumplir con esta obligación legal”, subrayó Ducuara.
Nuevo centro de detención transitoria
Según informó el secretario, Neiva también trabaja en la creación de un nuevo centro de detención transitoria. Existe un fallo judicial relacionado con el caso del deportista “Súper H” y 159 personas privadas de la libertad que interpusieron una tutela por las condiciones de hacinamiento en la bodega de Alpina.
“Estamos trabajando en la adquisición de equipos de cómputo para garantizar la conexión en salas de audiencia, permitiendo que los internos asistan a audiencias preliminares, preparatorias y de juicio. Este nuevo CDT será adecuado conforme a los lineamientos del Ministerio de Justicia y de la Corte Constitucional. Como parte del cumplimiento del fallo, ya hicimos un proceso de deshacinamiento, trasladando internos a municipios del área metropolitana de Neiva”, explicó.
El funcionario espera que en el segundo semestre de este año se pueda contar con este nuevo espacio.
“Se ha hecho un análisis del sector inmobiliario de la ciudad para garantizar que las adecuaciones cumplan con los estándares exigidos”, finalizó Ducuara.
