Por: Carlos Yepes
Más allá de la discusión mediática que ha rodeado la reforma laboral, ya sea por su hundimiento en la Comisión Séptima, su posterior reviviscencia mediante recurso de apelación o por la posibilidad de que sea llevada a consulta popular, lo verdaderamente importante para el país es que esta iniciativa se debata en un escenario democrático, técnico y responsable. Colombia necesita que las grandes transformaciones sociales se construyan con argumentos, apertura al disenso y atención al equilibrio entre derechos y sostenibilidad. En ese sentido, las ideologías no son un obstáculo, sino una expresión legítima y necesaria de la democracia. Como lo proponía con lucidez Álvaro Gómez Hurtado, lo urgente es lograr un «acuerdo sobre lo fundamental» que nos permita avanzar desde nuestras diferencias. El Senado, como foro natural de deliberación plural, debe ser ese espacio donde las diversas visiones políticas no se cancelen entre sí, sino que dialoguen para construir un futuro común. Porque así se han forjado siempre las democracias: no a pesar de las diferencias, sino gracias a ellas.
En ese contexto, resulta valioso reconocer el trabajo que se viene adelantando desde el Congreso, donde se ha asumido este debate con responsabilidad. Se respalda el enfoque garantista de la propuesta y se han analizado con profundidad los impactos del proyecto, proponiendo alternativas que buscan conjugar justicia social con realidad económica y sostenibilidad fiscal, asegurando que sus disposiciones sean aplicables y eficaces.
La reforma laboral propone una transformación profunda del modelo de empleo colombiano. Establece que el contrato a término indefinido debe ser la regla general, fortalece los derechos de poblaciones tradicionalmente excluidas, como mujeres cuidadoras, personas con discapacidad, jóvenes sin experiencia laboral y habitantes de regiones históricamente marginadas como las PDET y ZOMAC, y promueve la regulación de nuevas formas de trabajo como el de las plataformas digitales.
En términos generales, se trata de una apuesta por dignificar el trabajo, ampliar la cobertura de derechos laborales, reducir la informalidad y fortalecer el diálogo social. Sin embargo, es fundamental que los cambios estructurales se implementen con rigor técnico, gradualidad normativa y diálogo con los sectores productivos, especialmente con las MIPYMES, que son el corazón del empleo formal en muchas regiones del país.
Las enmiendas que hasta ahora han sido presentadas en el Senado refuerzan la coherencia jurídica del texto, eliminan ambigüedades, ajustan conceptos a la realidad económica nacional y preservan el núcleo esencial de derechos como la formalización, la estabilidad laboral reforzada y el reconocimiento al trabajo de cuidado. Al mismo tiempo, se actúa con prudencia institucional al evitar disposiciones que podrían generar riesgos de interpretación constitucional o comprometer el equilibrio fiscal.
Como ciudadano, celebro que el debate se esté dando con altura y que desde el Congreso existan voces dispuestas a construir. Porque este no es un asunto menor: lo que se defina en esta reforma marcará el futuro del trabajo en Colombia durante las próximas décadas. Y es responsabilidad de todos, congresistas, trabajadores, empresarios y ciudadanía, participar, proponer y garantizar que el resultado sea una legislación que dignifique sin destruir, que incluya sin excluir y que modernice sin desestabilizar.
