Un reciente informe elaborado por el centro de estudios económicos Fedesarrollo advierte sobre las posibles consecuencias que tendría una mayor dependencia del gas natural importado para cubrir la demanda interna. Según el análisis, si se incrementa la participación del gas extranjero en la canasta energética, las tarifas del servicio podrían subir de forma significativa en ciudades principales, donde los incrementos superarían el 90 % en un escenario de abastecimiento total con gas importado. En otras regiones, los aumentos serían del 60 % y 23 %, respectivamente.
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El estudio también señala que hacia finales de 2026 el país podría enfrentar un déficit estructural de gas natural, ya que la oferta, tanto nacional como importada, no sería suficiente para cubrir la demanda estimada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Esta insuficiencia podría derivar en racionamientos, afectaciones al suministro eléctrico y restricciones para sectores clave como el industrial y el residencial. Además, se advierte que el gas importado, que se obtiene principalmente a través de la planta de regasificación del Caribe, resulta hasta tres veces más costoso que el producido localmente.
Fedesarrollo identifica varias causas detrás de esta situación crítica: la caída en la actividad exploratoria, el estancamiento en la adjudicación de nuevos contratos desde 2021, y la demora en los trámites ambientales y sociales, los cuales encarecen y ralentizan el desarrollo de nuevos proyectos. A esto se suma el aumento de la inseguridad en las zonas de operación, con más de 2.700 bloqueos y cerca de 70 ataques a la infraestructura energética en los últimos dos años, lo que genera costos adicionales para las empresas y mayor incertidumbre en el sector.
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Finalmente, el documento alerta sobre las implicaciones fiscales, sociales y económicas de este panorama. El alza en las tarifas podría disparar la pobreza energética en los hogares más vulnerables, forzando al Estado a aumentar el gasto en subsidios. También afectaría la competitividad industrial del país y su crecimiento económico. Ante este panorama, Fedesarrollo hace un llamado urgente al Gobierno para que implemente políticas públicas eficaces que incentiven la exploración, fortalezcan la regulación y mejoren la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad energética de Colombia en el corto y mediano plazo.
