La infiltración de grupos criminales en la Fuerza Pública encendió las alarmas del Gobierno, que enfrenta una ofensiva violenta sin precedentes por parte del ‘clan del Golfo’. El ministro de Defensa anunció una estrategia integral para frenar el ‘plan pistola’ y depurar las instituciones.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
En medio de una preocupante ola de violencia que ha cobrado la vida de 19 policías y 4 soldados, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que grupos armados ilegales como el ‘clan del Golfo’ han logrado infiltrar la Fuerza Pública. Esta denuncia, junto con la escalada de atentados dentro del llamado ‘plan pistola’, ha encendido las alarmas en el país y ha obligado al Gobierno Nacional a intensificar las acciones de seguridad y defensa.
Según el jefe de la cartera de Defensa, esta ofensiva armada representa una reacción desesperada del crimen organizado frente a los duros golpes que ha recibido por parte del Estado. “Estos ataques son una represalia que rompe los límites del Derecho Internacional Humanitario. Estamos enfrentando organizaciones que han perdido su capacidad de control y que ahora buscan causar terror a través del asesinato selectivo de nuestros hombres”, declaró el ministro.
Golpes estratégicos al ‘clan del Golfo’
El ministro detalló que la ofensiva estatal ha debilitado la estructura del ‘clan del Golfo’, especialmente tras la neutralización de cabecillas como alias Chirimoya, quien tenía dominio delictivo en la región Caribe, y alias Nino, que extendía la influencia del grupo hacia el Valle del Cauca. También se destacaron operaciones en Tarazá y Cáceres (Antioquia), donde fueron dados de baja más de 20 integrantes en bombardeos estratégicos.
Estos operativos han afectado la capacidad armada y financiera del ‘clan’, con la destrucción de campamentos y la incautación de toneladas de cocaína. Sin embargo, esta presión también ha desatado una nueva oleada de violencia que, según el ministro, está siendo ejecutada en parte por bandas subcontratadas a manera de outsourcing criminal.
Medidas urgentes de prevención y ofensiva
Ante el riesgo inminente para los uniformados, se han tomado medidas excepcionales. En zonas críticas, los policías pueden portar sus armas incluso fuera de servicio, se han cancelado permisos de descanso y se han reforzado los procedimientos de patrullaje. Además, se han ofrecido recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados o capturar responsables.
“Ya hemos logrado la neutralización de 155 personas vinculadas con estos asesinatos, muchas de ellas pertenecientes a redes criminales contratadas por el ‘clan del Golfo’”, señaló el ministro, quien añadió que la estrategia de seguridad se enfoca también en la anticipación de las amenazas.
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Infiltración en la Fuerza Pública
Uno de los puntos más delicados revelados por el jefe de la cartera de Defensa es la confirmación de infiltrados dentro de las Fuerzas Militares y de Policía. “Estos delincuentes dentro de nuestras filas serán capturados muy pronto. Vamos a aplicar todo el peso de la ley”, afirmó.
Como parte de la respuesta, se ha reactivado la operación Agamenón en una nueva fase (Agamenón 2.0), que incluye cinco líneas estratégicas: desmantelamiento de economías ilegales, persecución a mandos medios, búsqueda de cabecillas, cooperación internacional y depuración interna de la Fuerza Pública.
El Huila, en el foco de la violencia
El departamento del Huila también ha sido blanco de esta ola violenta. Durante la Semana Santa, en municipios como La Plata, se registraron atentados que afectaron la movilidad y seguridad de la región. Aunque el Gobierno resalta que las cifras de homicidios han disminuido un 37 % en ese periodo, la percepción de inseguridad continúa creciendo, alimentada por hechos como los atentados en Cauca y el bloqueo de vías estratégicas como la Panamericana.
“El terrorismo no busca derrotar militarmente al Estado, sino infundir miedo. En lugares como La Plata se evidencia ese propósito, pero también vemos que la comunidad quiere cambiar, quiere colaborar con la Fuerza Pública. Y esa es la clave: la información ciudadana, que puede marcar la diferencia”, apuntó el ministro.
Sobre la paz total y la violencia persistente
Respecto a los cuestionamientos sobre la política de ‘paz total’, el ministro aclaró que esta es una política de Estado, no de gobierno, y que busca abrir caminos hacia la transición de grupos armados a la legalidad. Sin embargo, reconoció que, si bien se ha reducido la tasa de homicidios, también ha aumentado la sensación de inseguridad en algunas regiones.
La fragmentación de grupos armados, como las disidencias de las Farc y el Eln, ha generado nuevos focos de violencia. “Hoy enfrentamos al menos cinco grupos disidentes que no se hablan entre sí, lo que dificulta los diálogos, pero también debilita su estructura”, explicó.
El ministro concluyó con un mensaje claro a la ciudadanía: “Colombia tiene un futuro promisorio. Hemos superado momentos más difíciles y lo volveremos a hacer. Las instituciones están actuando, y aunque el camino es complejo, no vamos a parar”.
