AMADEO GONZALEZ TRIVIÑO
Luego de la concentración o movilización con ocasión del primero de mayo que tuvimos la oportunidad de observar por la televisión nacional, y de considerar según algunos medios de comunicación sobre la forma como en algunos lugares de Colombia, se respondió al llamado de dicha conmemoración, podríamos decir que el éxito de la consulta popular está llamada a ser parte exitosa de un capítulo de la democracia colombiana.
Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, dice el argot popular. Todo como consecuencia de la polarización que se vive por parte de la ausencia de coherencia en todas las corrientes o grupos políticos que se dan cita en una democracia de papel, como la que vivimos en nuestra patria, donde es tan fácil crear partidos, engendrar líderes y bajo el lema del sensacionalismo, abusar de ese principio de buena fe y de mermelada o dádivas que se acostumbran a entregar a los eventuales electores en cada época electoral, como ha sucedido y así seguirá aconteciendo siempre.
Es lamentable que estemos volviendo a las épocas ya superadas donde las luchas obreras y sindicales se daban cita por alcanzar el reconocimiento de sus derechos laborales y que olímpicamente se haya hecho de tales derechos fundamentales, un circo y una causa de especulación sin sentido, a la hora de saber y entender que han sido precisamente esos grupos políticos emergentes, los que se han encargado de liderar la supresión de reconocimientos a los derechos y que las crisis económicas internacionales que se nos vienen encima, terminarán por enseñarnos que la administración pública y el manejo de personal hacen parte de estrategias donde hay que suprimir las elucubraciones y las diatribas para acercarnos a buscar y propender por acuerdos y consensos donde se garanticen los derechos mínimos y se reconozca la dignidad humana, por encima de los intereses mezquinos de la política y la politiquería que hoy nos dominan por completo.
Esos constituyentes que en su oportunidad ordenaron que el Estado Colombiano tenía que establecer un estatuto laboral, el cual, sigue sin adoptarse, no es más que la réplica de la letra muerta de nuestra Constitución, de la inercia de los gobernantes y sobre todo, de la omisión legislativa por parte del Congreso, al cual, necesariamente se le suma, el silencio cómplice de la justicia en Colombia, especialmente de las altas Cortes, que nunca se han pronunciado o han ordenado, que tal precepto constitucional se cumpla.
Por ello, para cerrar este pequeño comentario, traigo a colación el texto del artículo 53 de la Carta Magna, que es eso… una carta que se escribió y nunca fue entendida, comprendida y aplicada por sus lectores:
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”
