Los antiguos miembros del secretariado de las Farc solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz evitar la fragmentación de las resoluciones de conclusiones, alegando vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Los exintegrantes del antiguo secretariado de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) presentaron una acción de tutela contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que la forma en que se están tramitando las resoluciones de conclusiones podría vulnerar sus derechos fundamentales.
En la tutela, revelada por Blu Radio, los comparecientes insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones por cada excomandante, en lugar de resoluciones parciales o fragmentadas. Esta solicitud busca que se concentren en un solo documento todas las responsabilidades y hechos atribuidos, con el fin de garantizar la unidad del proceso y evitar la posibilidad de múltiples sanciones por los mismos actos.
Aunque la JEP ya había anunciado un cambio hacia resoluciones individuales por compareciente —dejando atrás el modelo colectivo—, también señaló que estas podrían ser ampliadas si surgieran nuevos hallazgos en el curso de las investigaciones. Para los exjefes guerrilleros, esa posibilidad va en contravía del principio de cosa juzgada y pone en riesgo la coherencia del proceso judicial.
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Según el documento, el antiguo secretariado argumenta que el procedimiento actual “no contempla la tramitación fragmentada, ni por partes, de resoluciones parciales”, y que esto compromete principios esenciales como la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Además, aseguran que la respuesta institucional entregada por la JEP a sus requerimientos no tuvo validez jurídica, ya que fue un oficio y no una providencia judicial debidamente motivada y notificada.
En la tutela también se solicita que se declare la vulneración del derecho de petición judicial por la falta de una respuesta de fondo; se reconozca la afectación al debido proceso, y se tomen medidas para impedir que se continúe con resoluciones fragmentadas, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
El documento exige que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas emita resoluciones únicas por cada compareciente, consolidando en ellas todos los hechos y sanciones, en aras de garantizar la transparencia y legalidad del proceso dentro de la justicia transicional.
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