El pasado 4 de marzo de 2025, el Gobierno sancionó oficialmente la Ley 2450 de 2025, conocida como la ‘Ley Contra el Ruido’, una nueva normativa que pretende regular las diversas fuentes de contaminación auditiva en el país, especialmente en las principales ciudades.
La legislación establece directrices claras para controlar el ruido producido por bares, restaurantes, eventos culturales, obras de construcción y, de manera destacada, por los vehículos automotores. En este último aspecto, se incluye un énfasis especial en los vehículos con exostos modificados y el uso de perifoneo comercial, fenómenos que han aumentado los niveles de ruido urbano.
Según lo estipulado, el Ministerio de Transporte será la entidad encargada de definir y aplicar un “método de cálculo nacional para la evaluación de la contaminación acústica” en lo que corresponde a fuentes móviles. Hasta ahora, la regulación vigente para motocicletas seguía basada en la resolución 8321 de 1983, que fija un límite de 86 decibeles. Con la nueva ley, se busca actualizar y reforzar los controles.
La Ley Contra el Ruido establece un esquema de multas dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones generales oscilan entre dos y 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, entre aproximadamente $94.900 y $759.200. Para organizadores de eventos con aglomeraciones, las multas especiales pueden alcanzar entre 100 y 800 salarios mínimos mensuales, dependiendo del tamaño del público asistente.
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En el ámbito urbano, las infracciones varían también según el estrato socioeconómico. Por ejemplo, en estratos 1 y 2, las multas pueden ir de cinco a 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que en estratos 5 y 6 pueden llegar hasta 25 salarios mínimos.
La norma también contempla sanciones por contaminación visual o ruidos que afecten la convivencia, con multas que pueden llegar hasta los 40 salarios mínimos mensuales, según la gravedad de la infracción.
Cabe destacar que, bajo esta ley, el monto total de las multas no podrá superar los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni el valor catastral del inmueble relacionado.
La nueva normativa introduce un enfoque más detallado para controlar las fuentes de ruido y busca equilibrar el derecho al disfrute del espacio público con la necesidad de proteger la salud auditiva y el bienestar de los ciudadanos.
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