Según datos de la política pública de salud mental, el 66.3% de la población colombiana ha experimentado algún problema de salud mental. A esto se suma el preocupante aumento en los suicidios durante y después de la pandemia, con un crecimiento del 25% anual, especialmente entre niños, jóvenes y mujeres.
Esta iniciativa, liderada por el representante Carlos Felipe Quintero, busca transformar el enfoque del país frente a los trastornos mentales, promoviendo una atención integral, oportuna y sin barreras.
“Este proyecto busca promover la salud mental como un derecho. Que los niños, jóvenes y adolescentes en los colegios tengan la oportunidad de ser atendidos por especialistas”, aseguró Quintero.
La norma establece un modelo de atención integral e integrada que abarcará no solo el tratamiento clínico, sino también la educación emocional, la prevención comunitaria y la garantía en la entrega continua de medicamentos.
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Entre sus principales beneficios destacan la implementación de programas de salud mental laboral, actualizaciones periódicas en los protocolos clínicos, y la capacitación continua del personal en salud, educación y apoyo social. También se contempla un enfoque diferencial, étnico y poblacional, así como acciones específicas para las víctimas del conflicto armado, con especial atención a las regiones más vulnerables.
Uno de los puntos clave del articulado es la educación emocional desde la infancia. El Ministerio de Salud y el de Educación trabajarán de forma conjunta para incorporar esta formación en los programas escolares, así como para promover entornos protectores y la prevención de la violencia.
La ley también ordena la creación de programas interdisciplinarios en salud mental que serán evaluados cada dos años.
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