POR. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Al fin se conocieron las preguntas que se realizarán al pueblo en la Consulta Popular convocada por el Gobierno, ante el fracaso de la reforma laboral en el Senado de la República. Doce cuestiones harán parte de la consulta donde se preguntará a los colombianos por unas obviedades, sobre las que se anticipa que nadie del común de los gentiles, podrá decir que ¡no!.
Sería absolutamente torpe e inhumano que alguien no quiera que el trabajo de día dure máximo 8 horas; que se remuneren las horas extras; que se paguen con recargo del 100% los festivos; que se formalice la informalidad en el trabajo; con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos; que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes; que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores; que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social.
También, se avizora un “si” colectivo a preguntas como: ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?; ¿Con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?; ¿En promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?; ¿Con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?. La mera solidaridad ciudadana invita a responder afirmativamente esas preguntas.
La discusión, en el fondo, es entre dos modelos diferentes; el del Gobierno, que con afán paternalista, concibe un modelo intervenido por el Estado, sin explicar de donde piensa sacar los recursos que se requieren para su implementación; y el liberal, que considera que una mayor flexibilidad en el sistema laboral puede aumentar la productividad y las fuentes de empleo. Reflexiones que, por supuesto, no se hace el pueblo destinatario de la Consulta, pero que sí debería hacerse en el Senado a la hora de analizarla.
Una de las preguntas se observa peligrosa y en contravía con la tecnología; dice: ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?. De ser aprobada acabaría con los “Rappi”; que hoy funcionan en una plataforma tecnológica, cuya función es la concertación de la oferta y la demanda, generando miles de empleos. Pretender regularizarlos es condenarlos a su desaparición. Por supuesto, que la plataforma no va a asumir los costos de su regularización laboral y más bien se terminaría esa forma de empleo indirecto.
No es fácil conseguir el público para participar en la consulta. Esta requiere más de 13 millones de votos para pasar el umbral y luego más de 6 millones por el sí para que se apruebe. El Gobierno juega a mantener en ebullición su caudal político con una propuesta muy discutible desde la eficacia aunque ganadora desde el populismo.
