En las montañas del occidente del Huila, la vida campesina se ve cada vez más asfixiada por la imposición violenta de reglas ajenas. En La Plata, las disidencias de las Farc obligan a los habitantes rurales a portar un carné para circular por su propia tierra, bajo amenaza de millonarias multas o incluso la muerte.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
La situación de orden público en el municipio de La Plata, Huila, sigue agravándose con nuevas modalidades de control social y extorsión impuestas por grupos armados ilegales. Campesinos de varias veredas han denunciado que disidencias de las Farc están exigiendo portar un carné expedido por las Juntas de Acción Comunal como condición para circular libremente por sus territorios. Quienes no lo tienen son objeto de amenazas o sanciones económicas que alcanzan hasta $1.200.000.
La medida, que ha generado una profunda preocupación en la comunidad rural, estaría siendo impuesta por el frente Hernando González Acosta, al mando de alias ‘Fernando’, estructura perteneciente al bloque central Isaías Pardo, liderado por alias ‘Iván Mordisco’. Este grupo, según denuncias presentadas durante un reciente consejo de seguridad, ha venido desplazándose desde el Cauca hacia zonas rurales de Huila y Tolima, ejerciendo un control autoritario sobre la población.
Un control impuesto con amenazas
De acuerdo con los testimonios recogidos en las veredas San Mateo, La Palma, Las Aguas, Bélgica y otras del corregimiento de San Vicente, los habitantes viven con miedo constante. “Uno no puede volver a su casa si no tiene el carné. Y si no se tiene el dinero para la multa, hay que irse o lo matan”, relató un campesino, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.
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La estrategia, según se denunció en el consejo de seguridad, no solo está dirigida a los campesinos, sino que también incluye presiones a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que se sumen a esta dinámica de imposición. Las juntas, que tradicionalmente han cumplido un rol de mediación y organización comunitaria, se ven ahora instrumentalizadas por grupos ilegales para legitimar su presencia y dominio.
El carnet: una herramienta de control ilegal
El carné, impuesto como documento obligatorio por estos grupos armados, se ha convertido en una herramienta de intimidación. Aunque aparentemente se trata de una exigencia administrativa, en la práctica funciona como un mecanismo de control social y territorial.
El valor de la multa por no portar el carné es de $1.200.000, una cifra completamente desproporcionada para los campesinos de la región, muchos de los cuales viven de la agricultura de subsistencia. Esta exigencia constituye una violación directa al derecho a la libre movilidad y pone en evidencia la ausencia de garantías institucionales en vastos sectores rurales del occidente del Huila.
Contexto de violencia creciente
Este episodio ocurre en medio de un clima de creciente violencia en el municipio. El pasado 17 de abril, un atentado con explosivos en el casco urbano de La Plata dejó dos personas muertas y más de 20 heridas. Las víctimas, Sergio Esteban, de 17 años, y Luisa Fernanda Trujillo, de 19, fueron alcanzadas por la explosión mientras asistían a una celebración de cumpleaños. El hecho generó conmoción y volvió a poner en la agenda pública la urgente necesidad de intervención estatal en la región.
Tras este hecho, las autoridades departamentales y locales convocaron a un Consejo de Seguridad donde se analizó no solo el atentado, sino la presencia sostenida de las disidencias en las zonas rurales. Allí se reiteró que los grupos armados ilegales están aplicando su propio «orden», lo que incluye extorsiones, restricciones a la movilidad, y ahora la imposición de carnés para transitar.
Reacción de las autoridades
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, confirmó que las fuerzas armadas están ejecutando una estrategia integral de intervención. Esta incluye acciones militares, inteligencia y fortalecimiento institucional, no solo en La Plata, sino también en municipios fronterizos con el Cauca, donde se ha detectado actividad delictiva de estos grupos insurgentes.
“Sabemos de la gravedad de la situación. Las disidencias están intentando ganar control mediante el miedo, y estamos trabajando para recuperar el territorio y la confianza de la ciudadanía”, señaló el funcionario.
No obstante, los líderes comunales y habitantes de la región insisten en que la respuesta del Estado debe ser más ágil, coordinada y con un enfoque de derechos humanos, que priorice la protección a la población civil y la garantía de sus libertades fundamentales.
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