La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias ‘HH’, excomandante del frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN, requerido por una corte del estado de Texas (Estados Unidos) por cargos relacionados con narcotráfico.
Según la acusación de las autoridades estadounidenses, Yepes Mejía sería responsable de coordinar la producción y envío de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y México, en alianza con carteles mexicanos. El expediente sostiene que el exguerrillero dirigía operaciones logísticas para el transporte de droga desde la costa colombiana con destino a puntos estratégicos en la cadena del narcotráfico internacional.
Pese a que alias ‘HH’ actualmente se encuentra en libertad y las órdenes de captura en su contra fueron levantadas, la Corte Suprema aclaró que esta condición no impide emitir un concepto favorable frente a la solicitud de extradición. “No se advierte motivo alguno que impida a la Sala conceptuar favorablemente la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América”, se lee en el documento oficial.
Para que la extradición se haga efectiva, aún se requiere la aprobación del presidente Gustavo Petro, quien tiene la decisión final en estos casos.
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La solicitud de extradición coincide con el proceso de paz que el Gobierno adelanta con el grupo armado al margen de la ley Comuneros del Sur, organización que recientemente firmó un acuerdo de entrega de explosivos en Pasto (Nariño). El pasado 5 de abril, durante una jornada que tuvo lugar en el coliseo del barrio San José Obrero, el grupo ilegal entregó 585 artefactos bélicos, incluidos morteros, minas y granadas, que fueron destruidos bajo supervisión del Ejército Nacional.
La posible extradición de Yepes Mejía podría representar un reto para los avances de este proceso, considerado por el Ejecutivo como uno de los más avanzados dentro de su política de paz total.
Por ahora, la decisión queda en manos del jefe de Estado, quien deberá evaluar el equilibrio entre los intereses judiciales internacionales y los compromisos adquiridos en la negociación con este grupo armado.
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