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Exalcalde de Gigante y exgerente de Empugigante enfrentan cargos por presuntas anomalías en contratos por $2.399 millones

Abr 12, 2025

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra César Germán Roa Trujillo, exalcalde del municipio de Gigante (Huila) en el periodo 2020-2023 y actual secretario de Salud departamental, así como contra Wilson Cortés Montaño, exgerente de las Empresas de Servicios Públicos de Gigante –Empugigante E.S.P.–, por presuntas irregularidades en la adjudicación de ocho contratos que habrían sido firmados durante el año 2021 por un valor total de 2.399 millones de pesos.

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Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, los contratos fueron celebrados mediante la figura de contratación directa, a pesar de que, por sus características y naturaleza, lo correcto habría sido aplicar mecanismos de selección objetiva, como la convocatoria a licitación para obras o concursos de méritos para actividades de consultoría. De acuerdo con el órgano de control, los procesos no cumplían con los requisitos para omitir estos procedimientos, lo que vulneraría las normas establecidas en la contratación pública.

Uno de los aspectos más críticos señalados por la Procuraduría es que Empugigante E.S.P., entidad contratista, habría subcontratado en su totalidad la ejecución de los proyectos, a pesar de que los contratos especificaban que no se podía ceder ni delegar su cumplimiento. Lo anterior, según el ente de control, evidencia que la empresa no contaba con la capacidad operativa, técnica ni financiera para asumir directamente las obligaciones pactadas, convirtiéndose así en una intermediaria en detrimento de los principios que rigen la contratación estatal.

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El Ministerio Público considera que con estas actuaciones se habrían quebrantado principios esenciales como la transparencia, la responsabilidad y el deber de aplicar criterios objetivos al momento de adjudicar recursos públicos. En ese sentido, calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima, y dejó abierta la posibilidad de sanciones disciplinarias una vez finalice el proceso.

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