El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, debido al incumplimiento reiterado del pago de subsidios y contribuciones sociales en los sectores de energía eléctrica y gas combustible.
La demanda, que fue admitida recientemente, tiene como objetivo exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones legales en cuanto al giro de recursos destinados a subsidiar el consumo de estos servicios por parte de los hogares de estratos 1, 2 y 3. De acuerdo con la legislación vigente, el Estado debe garantizar estos subsidios mediante apropiaciones presupuestales anuales, las cuales deben ejecutarse en un plazo máximo de 60 días tras la facturación de las empresas prestadoras.
Pese a contar con las asignaciones presupuestales necesarias, FEDe. Colombia denunció que los pagos no han sido realizados en tiempo oportuno, afectando la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos y poniendo en riesgo la continuidad del servicio para millones de ciudadanos.
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“El incumplimiento en el pago de estos subsidios equivale a desproteger a las comunidades más vulnerables, dejándolas a oscuras o sin gas, y debilitando la confianza en las instituciones”, señaló Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho.
La admisión de la acción por parte del Tribunal representa un avance en la defensa del acceso equitativo y sostenible a los servicios públicos esenciales, y abre la puerta para que la justicia determine si existe responsabilidad estatal frente a esta omisión.
La situación ya había sido advertida por organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría, los cuales han emitido alertas por los riesgos fiscales y operativos que conlleva la acumulación de deudas con las empresas del sector. Entre las posibles consecuencias se encuentra la afectación de la prestación del servicio en zonas vulnerables como Nariño, Chocó, Vichada y la región Caribe.
Aunque el ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró a comienzos de marzo que el Gobierno se pondría al día con el 93 % de las empresas durante ese mes, hasta la fecha no se ha confirmado el cumplimiento de esa meta. Por su parte, gremios como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia han solicitado medidas urgentes para atender la creciente deuda y evitar interrupciones en el servicio.
La Fundación para el Estado de Derecho reiteró su llamado al Gobierno nacional para que actúe de forma inmediata y evite una crisis mayor en la prestación de servicios públicos esenciales para los sectores más vulnerables del país.
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