La Contraloría General de la República reveló que durante una Auditoría de Cumplimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), solo recibió información completa del 2,31 % de los convenios interadministrativos requeridos, lo que imposibilitó la revisión de recursos públicos por un valor superior a $2,4 billones.
De una muestra de 889 convenios celebrados desde 2011 —vigentes o liquidados entre 2020 y el primer semestre de 2024— la entidad auditora únicamente pudo obtener documentación completa de 25 casos. Según Prosperidad Social, gran parte de los archivos solicitados no se encontraban disponibles en sus expedientes contractuales, lo que llevó a la Contraloría a emitir un informe con el concepto de limitación en el alcance – abstención de conclusión.
“La falta de documentación no permite a la Contraloría concluir si los proyectos fueron culminados o si los recursos fueron bien invertidos. Hasta tanto no se disponga de la información requerida, no es posible pronunciarse sobre el uso de los recursos públicos”, advirtió el ente de control.
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Hallazgos con incidencia fiscal
Pese a las restricciones, la auditoría identificó 11 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de $12.682 millones, enfocados principalmente en deficiencias del programa “Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”.
Entre los casos más graves se encuentran:
- Fundación (Magdalena): El contrato para la adecuación del mercado público culminó en 2021, pero la obra se encuentra abandonada por falta de reubicación de los vendedores, generando un detrimento de $5.116 millones.
- Coyaima (Tolima): La construcción de la plaza de mercado presenta un avance de solo 51,38 %, a pesar de haber recibido pagos por $2.754 millones, sin que la obra cumpla su función.
- San Andrés de Sotavento (Córdoba): Se detectaron pagos por mejoramiento de viviendas que no cumplían requisitos técnicos, causando un posible daño patrimonial de $1.116 millones.
Advertencias y procesos en curso
La Contraloría también recordó que, tras una advertencia emitida en febrero de 2024, varios de los convenios auditados ingresaron en la estrategia Compromiso Colombia, con el objetivo de ser culminados. Además, contrataciones relacionadas con convenios desde 2011 ya cursan procesos de responsabilidad fiscal.
La entidad señaló como práctica deficiente la transferencia de recursos sin establecer condiciones claras para su desembolso, como el cargue obligatorio de información en plataformas públicas, lo que afecta el control posterior y facilita posibles irregularidades.
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