Al Gobierno Nacional, le habría faltado una estrategia consolidada en materia de la búsqueda de paz, política que es respaldada por los firmantes de las extintas Farc. El documento le hubiera dado un norte a este plan y sobre todo, antes del cese al fuego, entre el Estado y las estructuras armadas, se hubieran firmado los acuerdos humanitarios, que permitieran excluir a la población civil del conflicto.
Asimismo, se conoció que las disidencias de las Farc, ya no obedecerían orientaciones políticas, solo tienen la idea de lucrarse de economías ilícitas.
Ahora, de los 13.000 firmantes de paz que iniciaron el proceso de paz, 11.500 se mantendrían en lo pactado con el Gobierno Nacional, y es muy difícil de que esta cifra se haya visto en otras partes del mundo, lo que demostraría la solidez del acuerdo, a pesar de las dificultades.
Violencia y estigma
En su visita a Neiva, Julián Gallo, senador del Partido Comunes, habló acerca de la violencia que afecta a los firmantes de paz y manifestó: “en materia de seguridad, nos han asesinado más de 460 compañeros y compañeras, principalmente en las regiones donde estuvimos anteriormente, y quedaron grupos mal llamados disidencias, por eso es que el proceso de reincorporación socio-económico es importante que se pueda acompañar de proyectos productivos, sino de las debidas garantías de seguridad, es algo prioritario para nosotros en este momento”.
Y en cuanto a los territorios, donde hay más riesgo para este grupo poblacional y sus familias, se encuentran: El Catatumbo, Cauca, Nariño, Guaviare, Meta y Caquetá.
Y en relación a si han tenido acercamientos con grupos de disidencias, el parlamentario indicó: “no tenemos ningún tipo de vínculo con estas organizaciones porque están fuera de la ley. Nosotros fijamos una posición clara desde que decidieron apartarse, en el sentido de que el compromiso realizado, por quienes estábamos en armas en ese momento en la X Conferencia, fue firmar un acuerdo de paz, y los que se apartaron violaron esa decisión, y sí hemos expresado nuestra posibilidad de aportar en la búsqueda de diálogos, pero esa parte esta en manos del Gobierno Nacional”.
Y en cuanto a amenazas recibidas contra este grupo social, el senador agregó: “y las poblaciones son las mismas que ya mencioné, y efectivamente, no son solo los homicidios, sino los desplazamientos, intimidaciones, la estigmatización, quiero aprovechar para hacer un llamado a la sociedad, porque los señalamientos que se hacen contra los firmantes de paz, terminan siendo un artefacto que impulsa la violencia, y creo que desde los medios de comunicación, pueden contribuir enormemente a generar en los territorios, una cultura de paz y reconciliación”.
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Disidencias y lucro
Ahora, en torno a las criticas al acuerdo de paz que se firmó, el político señaló: “yo creo que los hechos nos están dando la razón, a quienes decidimos persistir en el Acuerdo, en el sentido de que cada vez es más evidente, que estos grupos no obedecen ya razones políticas, solo buscan lucrarse de las economías ilícitas, que mantiene la presencia de esos grupos en los territorios, porque de los 13.000 firmantes de paz, que iniciamos el proceso, todavía más de 11.500 permanecen, y eso es una estadística que es muy difícil de hallar en el mundo, demuestra la solidez del proceso, a pesar de las dificultades tenidas en su implementación y de las garantías de seguridad”.
Y en cuanto a la actual política de paz adelantada por el Gobierno Nacional, el firmante indicó que debía ser sincero, “faltó una estrategia más consolidada en materia de la búsqueda de paz con la propuesta del presidente, Gustavo Petro, política que respaldamos, pero consideramos que ha existido mucha improvisación, y no se diseñó una estrategia que permitiera a partir de ahí derivar las particularidades de las mesas que se han ido articulando en el país”.
Además, el firmante indicó que faltó antes del cese al fuego entre el Estado y las estructuras armadas, haber suscrito acuerdos humanitarios que permitieran excluir a la población civil del conflicto, y este aspecto, hubiera generado una opinión pública más favorable y apoyo político. “Lo que hoy en día es inaceptable es que, en medio de conversaciones de paz, se continue afectando a la población civil”, resaltó el político.
El ELN
Y en torno a las acciones materializadas por el Ejército de Liberación Nacional en el país, “creo que la pérdida de brújula que hoy en día tiene el ELN, se vio en la reciente entrevista que vimos el fin de semana, donde dos voceros nacionales de esta organización, no solamente hicieron unas declaraciones contrarias al propósito de paz, que busca el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana, sino que siguen anclados en una idea de la Colombia del siglo pasado”, dijo el parlamentario.
Este hecho, los habría puesto de espaldas a la realidad nacional, “esas declaraciones terminan sirviendo de ‘caldo de cultivo’ a las ideas de la derecha, que siempre ha buscado en el tema de la seguridad, una bandera para vender digamos su propuesta de guerra y de odio”, indicó Julián Gallo.
Y en cuanto a posibles recomendaciones a los diálogos con los actores armados, el senador indicó que han sido muy cuidadosos con este tema y el conocimiento que tienen en la búsqueda de la paz, está a disposición de la sociedad colombiana.
Ahora, en relación a que ha analizado la Comisión de Paz del Senado, de la que el firmante hace parte, sobre los acercamientos, indicó que se creó de manera reciente, “y esperamos que a partir del mes de junio podamos ejercer un papel más protagónico en ese proceso de la búsqueda de la paz en Colombia”.
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Firmantes de paz
De igual forma, Indepaz señaló que en los dos primeros meses de 2025 fueron asesinados 11 firmantes de paz. Seis de ellos, fueron asesinados en el departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo.
Y durante 2024 fueron ultimados 31 firmantes de paz en Colombia. Uno de estos estaba en Norte de Santander, en el municipio de Abrego.
Ya en días pasados, un grupo de firmantes de paz protagonizó una protesta pacífica sobre la vía Bogotá – Girardot en el sector de Boquerón.
El grupo de excombatientes de las desaparecidas FARC, exigió al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz y denunciaron varios incumplimientos en temas claves como seguridad de los firmantes, tierras y otros asuntos, aunque el proceso de paz fue firmado en 2016.
Piden garantías
Según el abogado y excombatiente de las FARC, Andrés M. Zuluaga, la protesta buscaba que el Estado colombiano garantice la vida, la seguridad física y jurídica de los firmantes de paz.
Además de los homicidios, también se ha registrado varios desplazamientos forzados, uno de los más recientes fue un grupo de firmantes del acuerdo de paz y sus familias que se vio obligado a desplazarse del Núcleo de Reincorporación en Mesetas, Meta. La intensificación de los enfrentamientos entre las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ hizo insostenible su permanencia en la zona.
Ya para finalizar, el desplazamiento forzado no solo afecta a quienes han dejado la zona, sino que también expone los desafíos que enfrentan los firmantes del Acuerdo en su proceso de reincorporación. En varias regiones del país, la violencia sigue siendo una amenaza latente, especialmente en territorios donde se disputan el control los grupos armados ilegales.
