El Senado de la República inicia un nuevo capítulo en el debate sobre la reforma a la salud, una iniciativa que avanza en medio de tensiones políticas y divisiones internas. Con la designación de los ponentes en la Comisión Séptima, el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escenario complejo, donde la posibilidad de un nuevo revés legislativo sigue latente.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
La reforma a la salud continúa su trámite legislativo en el Congreso de la República. Luego de ser aprobada en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, la iniciativa llegó finalmente al Senado, donde se dio inicio a su discusión en la Comisión Séptima.
Este miércoles, la Secretaría General del Senado remitió el texto aprobado de la reforma a la Comisión Séptima, instancia encargada de dar el tercer debate al proyecto. Como primer paso, la presidenta de esta célula legislativa, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, anunció la designación de los ponentes que analizarán la propuesta y presentarán sus respectivas ponencias.
De los 14 senadores que integran la Comisión Séptima, 12 fueron designados como ponentes y contarán con 15 días calendario para radicar una o varias ponencias, ya sea en sentido positivo o de archivo. Este plazo, no obstante, podría ser prorrogado según las disposiciones de la comisión.
Los ponentes designados
Entre los ponentes seleccionados para el análisis del proyecto de reforma a la salud, se encuentran seis de los ocho senadores que votaron en contra de la reforma laboral, la cual fue archivada hace apenas dos semanas en la misma Comisión Séptima.
Los ponentes coordinadores serán:
- Martha Peralta (Pacto Histórico)
- Norma Hurtado (Partido de la U)
- Esperanza Andrade (Partido Conservador)
A ellos se suman los siguientes ponentes:
- Ferney Silva (Pacto Histórico)
- Wilson Arias (Pacto Histórico)
- Fabián Díaz (Alianza Verde)
- Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal)
- Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres)
- Ana Paola Agudelo García (MIRA)
- Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático)
- Berenice Bedoya (ASI)
- Omar de Jesús Restrepo (Comunes)
Un debate clave y la postura del Gobierno
El tercer debate en la Comisión Séptima del Senado será determinante para el futuro de la reforma a la salud. Aunque el Gobierno ha expresado su optimismo respecto a la aprobación del proyecto, el panorama en el Senado es incierto.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la llegada del proyecto a esta instancia legislativa y manifestó su confianza en que la iniciativa pueda salir avante: “Yo soy optimista de que esta reforma a la salud pueda pasar la Comisión Séptima”, señaló.
Sin embargo, dentro de la misma comisión hay sectores que han manifestado su postura en contra del proyecto. Uno de los senadores que ya ha expresado su oposición es Miguel Ángel Pinto, quien anunció que se mantendrá el bloque en contra de la reforma, lo que podría dificultar su aprobación.
Por su parte, la senadora Nadia Blel fue enfática en afirmar que la Comisión no se doblegará ante presiones externas y que el debate se desarrollará con rigor técnico y legislativo.
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Consulta popular: una alternativa en el horizonte
Ante los obstáculos en el Congreso, el presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de someter las reformas laboral y de salud a una consulta popular, en la que los ciudadanos decidirían el futuro de ambas iniciativas. Esta consulta, regulada por el artículo 103 de la Constitución, requiere la aprobación del Senado y la posterior organización de una votación por parte de la Registraduría Nacional.
Para que la consulta tenga validez, al menos el 33% del censo electoral (13,6 millones de votantes) deberá participar, y la opción del “Sí” necesitará más del 50% de los votos. Esto representa un reto significativo para el Gobierno, que en 2022 obtuvo 11,3 millones de votos en la elección presidencial.
El alto costo de la consulta popular
De acuerdo con un análisis de la firma de contadores Crowe Co., el costo de una consulta popular en Colombia podría oscilar entre $400.000 y $500.000 millones, considerando gastos en impresión de material electoral, logística, pago de personal y tecnología para la transmisión de datos. En comparación, la consulta anticorrupción de 2018 tuvo un costo de aproximadamente $240.000 millones, una cifra que hoy sería considerablemente mayor debido a la inflación.
El financiamiento de esta consulta podría representar un desafío para el Gobierno, dado el déficit fiscal actual del país, que en 2024 cerró en 6,8% del PIB (aproximadamente $90 billones). Para cubrir estos costos, se barajan opciones como la reasignación de recursos de sectores clave, la emisión de deuda pública o incluso una nueva reforma tributaria.
El futuro de la reforma a la salud en el Senado sigue siendo incierto. Mientras la Comisión Séptima inicia su discusión con un grupo de ponentes que incluye voces opositoras, el Gobierno plantea estrategias alternativas como la consulta popular para sacar adelante sus reformas. Sin embargo, el alto costo y las implicaciones políticas de este mecanismo generan dudas sobre su viabilidad.
En los próximos días, el debate en el Senado será crucial para definir el destino de una de las iniciativas más importantes de la administración Petro, en medio de un panorama legislativo altamente polarizado.
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