Por: Yamid Sanabria
El proyecto de exploración y explotación petrolera VSM-37 operado por Parex Colombia es sujeto de diversas criticas por las comunidades del sector afectado. El pasado viernes 28 de marzo en los diálogos regionales liderados por la corte constitucional, el alcalde de Neiva Germán Casagua realizó un fuerte pronunciamiento sobre los impactos que generan este tipo de proyectos sobre nuestro recurso más valioso, el agua.
En medio de su discurso se escuchó un sórdido aplauso por parte de la Congresista del Pacto Histórico Leyla Rincón, como muestra que esta causa debe unirnos entorno en la defensa de nuestra seguridad ambiental sin importar orientaciones partidistas, un tema del que también se ha pronunciado la representante Luz Aida Pastrana de Cambio Radical, porque a pesar de que la ANLA ya otorgó esta licencia a 20 años, el futuro de nuestras arterias hídricas del subsuelo pudría estar en riesgo.
Este proyecto tiene impacto en Neiva con sus corregimientos de Fortalecillas y Guacirco, así como 7 veredas; en Tello afectaría a 6 veredas y un centro poblado; en Villavieja abarcaría a Hato Nuevo; en Aipe a 3 veredas; y en Villavieja a la vereda La Espinalosa. El Área de Desarrollo VSM-37 abarca dos (2) Contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el primero corresponde al Contrato del Área VSM 37 del 18 de enero del 2022 y el segundo al Contrato del Area VSM 13-2 del 18 de enero del 2022; juntos suman un área total de 11.575,54 hectáreas.
La audiencia pública realizada en el segundo semestre del año 2024 en el municipio de Tello presuntamente no obtuvo una amplia participación ciudadana para revisar en detalle el proyecto que tiene un costo global de aproximadamente $ 4.067.985.000.000 (Cuatro billones sesenta y siete mil novecientos ochenta y cinco millones); con los cuales se desarrollarán actividades de manera simultánea de perforación, trabajos de pozos y operación de los pozos productores, entre otros; en cabeza de Daniel Ferreiro, Presidente de Parex Colombia & Country Manager.
Finalmente, el subsuelo es propiedad del Estado según establece nuestra constitución política en su artículo 332; por ello, solicitar una revisión de la licencia ambiental otorgada por el ANLA como lo solicitó el alcalde, es una invitación a la unión de sectores políticos, sociales, ambientales y comunidad en general para garantizar que los impactos no sean irreversibles; el desarrollo petrolero no puede ir en contarvia de la conservación de nuestras fuentes hídrica. El agua es prioridad.
