ALFREDO VARGAS ORTIZ
Abogado y profesor Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Se acercan las elecciones y, nuevamente, el río de candidatos salta a la vista de todos los espectadores. La lluvia de promesas incumplibles, la compra de conciencias, la disposición de recursos públicos de alcaldías, gobernaciones e incluso del gobierno nacional —o de dudosa procedencia— será el pan de cada día durante la campaña electoral. A voz pópuli, se sabe que una campaña al Senado o a la Cámara de Representantes cuesta millones. La pregunta es: ¿Qué persona en pleno uso de sus cabales se atrevería a arriesgar su patrimonio, su dignidad, su estabilidad emocional y financiera para emprender una aventura tan arriesgada? ¿Cuál es el interés oculto detrás de ese despliegue de energías y recursos para alcanzar una curul? ¿Acaso los actuales senadores y representantes a la Cámara han cumplido de manera cabal con el mandato para el cual fueron elegidos?
Creo que ha llegado el momento de hacer balances y de ajustar cuentas tanto a los senadores y representantes que deseen refrendar su curul, como a aquellos que aspiren a obtener un nuevo espacio en el Congreso.
El Departamento del Huila atraviesa una grave oleada de violencia, producto tanto del conflicto armado interno como de la delincuencia común y los delincuentes de cuello blanco, quienes gozan de una impunidad abrumadora, orquestada por un ordenamiento jurídico permisivo con los criminales. Estos han capturado las instituciones públicas y se han adueñado de los espacios públicos, e incluso han llegado al extremo de ingresar a nuestras casas con tal osadía que parece que están seguros de que no les sucederá nada.
La calidad de la educación en el Departamento del Huila es alarmante: más de 40,000 personas no saben leer ni escribir. Nuestro sistema educativo y los resultados académicos son deplorables. La Universidad Surcolombiana, hoy capturada por la politiquería regional, ha descendido del puesto 20 al puesto 47 en el ranking Scimago. Miles de estudiantes no pueden acceder a la universidad, los problemas con el plan de alimentación escolar y la corrupción en el programa están a la orden del día, y las instituciones educativas se desploman por la falta de mantenimiento.
Los problemas con la malla vial, la falta de oportunidades para los jóvenes, el abandono de nuestros ancianos, la calidad de los servicios de salud y la alarmante pobreza —somos el décimo departamento con mayor índice de pobreza monetaria, con un 37% de la población en esta situación, según el DANE— son argumentos suficientes para pensar que la tarea no se ha realizado de manera adecuada. Si somos objetivos, a la fecha nuestros representantes no han presentado ni gestionado proyectos significativos para el departamento. Mientras en otros departamentos celebran la llegada del tren, la consolidación de aeropuertos o la construcción de vías de relevancia, aquí seguimos esperando que el progreso nos alcance.
Esperemos que las personas que nos representen en el Congreso sean aquellas que se destaquen por su capacidad de gestión, trabajo en equipo, transparencia y resultados visibles, pues lo que hoy tenemos, a todas luces, es despreciable, si evaluamos los indicadores y los resultados obtenidos.
