La seguridad nacional se encuentra en cuidados intensivos en el territorio colombiano por el aumento exponencial que ha tenido la criminalidad, que tiene bajo su control a más de 800 municipios. Ya no es extraño, que dichas organizaciones narcoterroristas deambulen libremente por algunas zonas rurales de estas localidades, a pesar de los esfuerzos que realizan los organismos de seguridad del Estado para contrarrestarlos. Durante los últimos meses han venido propinándole golpes contundentes a sus estructuras. En algunas regiones del país, han logrado doblegar al Estado de Derecho, porque están imponiendo la autoridad sobre los residentes. Les imponen las horas de movilización, los tienen carnetizados, todos pagan extorsiones sin excepción, toman y aplican justicia bajo amenazas, que ya se convierten en un nuevo estilo de vida. Ataques terroristas a las guarniciones y caravanas militares, utilización de drones contra la población civil, secuestros, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y narcotráficos, entre otras actividades ilícitas están permeando la armonía y la tranquilidad de las familias que residen en dichos territorios donde ejercen sus actividades ilegales.
Hemos sido reiterativos, que mientras el gobierno del cambio viva muy preocupado por enviar tejido humano al planeta marte, está totalmente desentendido de las problemáticas profundas que están viviendo las familias en las regiones del país, en el campo social, económico y político. Las organizaciones narcoterroristas siguen haciendo de las suyas, intimidando a todos los agentes económicos, a través de las anteriores expresiones criminales. Todas las actividades económicas, por más humildes que parezcan, deben contribuir financieramente con vacunas a estas organizaciones para que continúen desarrollando sus delitos. Es frecuente observar, el desplazamiento de caravanas de personas naturales y comerciantes hacia las zonas rurales para llevar sus contribuciones que le son exigidas por estas estructuras criminales. Viven atemorizados y con miedo permanente, por las amenazas irracionales, de estas organizaciones subversivas que han incrementado su accionar criminal. No hay derecho que el Estado siga permitiendo estos abusos y no se tomen medidas drásticas, para contrarrestar su accionar delincuencial.
Por lo menos el gobierno nacional, se dio cuenta, aunque tardíamente, que los diálogos que habían iniciado con algunas organizaciones criminales para la búsqueda de la denominada Paz Total, fue un fracaso total. Recordemos que se lo habíamos advertido desde estas líneas editoriales. No se estaban impulsando negociaciones con los angelitos de la guarda. Son criminales y por lo tanto deben ser tratados y contrarrestados por las Fuerzas Militares de Colombia. Estos factores, están incidiendo negativamente para que las aspiraciones de los sectores políticos afectos al ejecutivo logren posicionarse nuevamente en las próximas justas electorales. Les van a pasar factura a los candidatos que se van a someter al escrutinio del constituyente primario. No supieron administrar el poder. Han desaprovechado el mejor momento histórico para realizar verdaderas transformaciones y cambios en las estructuras sociales, económicas y políticas del país.
